El juicio por la muerte del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar durante unas maniobras militares en la base cordobesa de Cerro Muriano, previsto inicialmente para el próximo 26 de octubre, ha sido aplazado a 2027.
La vista oral, que se celebrará en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, en Madrid, tendrá lugar previsiblemente durante el primer trimestre del próximo año, según han confirmado fuentes judiciales.
El aplazamiento responde a una petición de las partes, motivada por la coincidencia de las fechas inicialmente señaladas con otros compromisos judiciales de los letrados.
Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2023, cuando Carlos León, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y Miguel Ángel Jiménez, de Adamuz (Córdoba), ambos pertenecientes a la Brigada Guzmán El Bueno X, fallecieron durante un ejercicio de instrucción en el lago artificial de la base militar.
El procedimiento se dirige contra cuatro mandos militares: el capitán Ignacio Zúñiga Morillas, Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero.
Las acusaciones particulares y la Fiscalía mantienen distintas peticiones de condena, que alcanzan los diez años de prisión, así como reclamaciones de responsabilidad civil por las muertes de ambos militares.
Diez años de prisión para los responsables de Cerro Muriano
Luis Romero, abogado de la acusación particular que representa a la familia del soldado Carlos León, considera que el procedimiento constituye «uno de los procesos penales militares más relevantes de las últimas décadas».
La acusación solicita penas de alrededor de diez años de prisión para los cuatro acusados, su expulsión de la carrera militar, la imposición de las costas procesales y una responsabilidad civil cercana a los 500.000 euros.
Para Romero, el caso evidencia la existencia de prácticas negligentes que deben desaparecer de la instrucción y formación del Ejército. También considera necesario integrar la jurisdicción penal militar en la ordinaria y reservar la primera para cuestiones administrativas o disciplinarias internas.
Por su parte, la acusación ejercida por los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez solicita nueve años y seis meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados.
También reclama indemnizaciones por un total de 257.064 euros para los padres y el hermano del cabo, con el Estado como responsable civil subsidiario.
Según su escrito de calificación, el capitán Zúñiga era el responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio de paso de río.
La acusación sostiene que adoptó decisiones en las que Tato participó activamente, sin comunicarlas al teniente coronel Zanfaño ni al comandante Velasco.
Sin embargo, considera que esa falta de comunicación no exime de responsabilidad a estos últimos, a quienes atribuye una omisión del deber objetivo de cuidado y de las obligaciones de supervisión de las maniobras.
La Fiscalía pide 9 años para Zúñiga y cinco para Tato
El fiscal jurídico militar solicita ocho años de prisión para el capitán Zúñiga y cinco años para Tato, a quienes atribuye dos delitos contra la eficacia en el servicio, previstos en el artículo 77.1 del Código Penal Militar, en relación con el artículo 142.1 del Código Penal, relativo al homicidio por imprudencia grave.
También reclama que ambos abonen solidariamente 422.174,40 euros a los familiares de los fallecidos, con el Estado como responsable civil subsidiario.
Según la Fiscalía, Zúñiga no informó a sus superiores de las condiciones en las que se desarrollaría el ejercicio ni explicó que su finalidad fuera practicar la flotabilidad.
Tampoco detalló por dónde ni de qué manera se realizaría el paso de río.
El Ministerio Público sostiene que actuó conforme a un criterio personal e improvisado, basado en la necesidad de «nadar y evitar ir andando», sin comunicar adecuadamente las condiciones de la actividad.
Más de cien testigos para el polémico juicio
El juicio contará con diez partes con capacidad de interrogatorio: tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la representación de la aseguradora y cuatro defensas.
Está prevista la comparecencia de más de cien testigos y peritos, además de los acusados.
Romero calcula que podrían producirse más de mil interrogatorios y que la vista oral podría superar las veinte sesiones inicialmente previstas.
El letrado ha recordado que la familia de Carlos León pidió desde el primer momento que el caso no cayera en el olvido.
«Ese compromiso sigue plenamente vigente, y esta acusación particular continuará trabajando para que se depuren todas las responsabilidades», ha subrayado.
