El teléfono de Isabel Valriberas, decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta (ICACE), lleva casi un mes sonando más de lo habitual. Y, curiosamente, eso es una buena noticia.
Al otro lado no siempre hay una urgencia. Muchas veces es justo lo contrario: decanas y decanos de toda España que llaman para ofrecer ayuda a su homóloga en Ceuta.
Colegios cercanos —Cádiz, Málaga— se pusieron a disposición desde el primer momento, incluso ofreciéndose a desplazar profesionales si hiciera falta.
«Me da mucha tranquilidad y, sobre todo, mucho orgullo, el apoyo que estoy recibiendo de todos los compañeros decanos», resume la decana del ICACE.
Las llamadas cuentan una historia. Pero las cifras cuentan otra, y ninguna previsión la había anticipado.
Antes de la crisis, tres abogados bastaban para cubrir el Turno de Oficio de Extranjería en la ciudad autónoma: dos dedicados a tramitaciones de asilo, uno a expedientes de devolución, más el correspondiente sistema de suplencias.
Una estructura ajustada, sí, pero suficiente para el volumen habitual de trabajo. Dejó de serlo de un día para otro.
De cinco detenidos diarios a veinte
La entrada irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos disparó las asistencias en centros de detención y juzgados de guardia.
Donde antes había una media de tres, cuatro o cinco detenciones diarias, algunos días se llegaron a registrar entre 18 y 20, según los datos que maneja el propio Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),
El Colegio trasladó la necesidad de reforzar el servicio al CGAE, que realizó inmediatamente las gestiones con el Ministerio de Justicia.
La confirmación llegó también de forma inmediata: se autorizaban 5 nuevos cuerpos de guardia de Extranjería, que se sumaban a los que hasta entonces contaba el Colegio.
Mientras se reforzaba formalmente el servicio, estaba ocurriendo algo bastante más difícil de contabilizar.
El Colegio ceutí trasladó la necesidad de refuerzo a la organización estatal, que gestionó de inmediato a través del CGAE. Y el Ministerio de Justicia autorizó cinco nuevos cuerpos de guardia de Extranjería.
Ahí terminó la parte formal del refuerzo. Y empezó la otra, la que ninguna autorización ministerial puede ordenar por decreto.
Cuando Valriberas pidió voluntarios entre sus compañeros, la respuesta no se hizo esperar. «Ahora mismo tengo treinta y tantos dispuestos a hacer guardia cualquier día», cuenta, con un punto de orgullo que no disimula. El servicio está cubierto, insiste, aunque el Colegio sigue de cerca cómo evoluciona la situación —y, sobre todo, cuántos procedimientos habrá que tramitar en las próximas semanas—.
Por si acaso: «Me han llamado decanos y decanas diciendo, si necesito algo, si necesitas apoyo, si necesitas que mande a alguien. Habrá también abogadas y abogados que, aunque ahora no estén ya en el Turno, echarán una mano. La abogacía es muy solidaria entre compañeros».
Hay una parte de esta historia que no se ve. Mientras unos cubren guardias, otros comparten información: los profesionales de la Comisión de Extranjería del CGAE mantienen informados a sus compañeros sobre la evolución de la situación, para que estén preparados si llega el momento de intervenir.
Es, según el CGAE, la manera en que se sostiene el Turno de Oficio lejos de los focos: llamadas, avisos, ofrecimientos que rara vez llegan a un titular.
42 años sin ver algo igual
Valriberas no habla desde la inexperiencia. Formó parte del Turno de Oficio durante 42 años y ha vivido otras llegadas masivas que obligaron a ampliar deprisa el número de letrados disponibles.
sta vez, sin embargo, es distinto: «No habíamos vivido nada parecido nunca».
La decana aprovecha también para reivindicar algo que va más allá de esta crisis concreta: «A pesar de un honorario escaso, cumplimos este servicio público de una forma eficaz, honrada y profesional».
No es una queja aislada. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha insistido en la necesidad de una retribución digna para los profesionales del Turno, la actualización periódica de los baremos, el pago íntegro de las actuaciones realizadas y una nueva ley que recoja estas demandas.
«Su compromiso con la garantía del derecho de defensa se hace especialmente evidente en momentos excepcionales como este», ha señalado González, quien asegura mantener «un contacto permanente» con el Ministerio de Justicia para anticipar las necesidades del servicio.
Valriberas lo confirma desde su propia experiencia de estas semanas: «No me siento sola. Desde el primer momento el presidente de Abogacía Española ha estado llamando para anticipar las necesidades que puedan surgir. Me he sentido apoyada y acompañada».
Nadie sabe todavía cuántos expedientes quedan por tramitar. Pero la decana de Ceuta tiene una certeza que repite como quien ya la ha comprobado antes: si hacen falta más abogados, habrá compañeros dispuestos a responder.
