La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy por unanimidad que sea Miguel Ángel Torres Segura, magistrado titular de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, quien asuma el refuerzo a los tribunales de instancia de Ceuta, motivado por la invasión migratoria del 30 y 31 de julio pasados.
Torres reforzará las seis plazas de la Sección Civil y de instrucción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta. El refuerzo acordado es transversal.
En el caso de que Torres no llegara a incorporarse entraría en juego el orden subsidiario fijado por el Servicio de Inspección: primero Consuelo Andreo Ruiz, magistrada con destino en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, y en su defecto Mirella Abdelkrim Martínez, magistrada del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga.
La comisión de servicio con relevación de funciones tendrá una duración de seis meses desde la incorporación efectiva de Torres, prorrogable, con cese automático al término del plazo salvo prórroga expresa.
La medida no conlleva derecho a dietas ni gastos de desplazamiento, y su seguimiento corresponde al Servicio de Inspección, que deberá informar a la Comisión Permanente sobre la efectividad del refuerzo al concluir el periodo.
Una segunda comisión sigue abierta
En paralelo continúa abierto, hasta las 23:59 de este viernes, el plazo para una segunda comisión de servicio, destinada en este caso a la plaza con competencia en violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Ceuta.
Su resolución previsiblemente será abordada por otra Comisión Permanente extraordinaria el próximo lunes.
Un magistrado con pasado
Torres Segura nació en Granada el 6 de abril de 1971. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, aprobó las oposiciones de judicatura en el año 2000 y fue destinado como juez a Santa Fe, en su provincia natal.
Su ascenso a magistrado lo llevó poco después a Marbella, donde se hizo cargo de la titularidad del Juzgado de Instrucción número 5, el destino que marcaría el resto de su trayectoria profesional.
Fue allí, en marzo de 2005, cuando dirigió la operación Ballena Blanca, entonces la mayor actuación policial contra el blanqueo de capitales realizada hasta la fecha en España.
Meses después, desde ese mismo juzgado, abrió la instrucción del caso Malaya, la trama de corrupción urbanística que golpeó al Ayuntamiento de Marbella y que acabaría convirtiéndose en una de las causas de referencia del periodismo judicial español.
El caso Malaya
La instrucción, desarrollada en tres fases a lo largo de veinte meses, se cerró en julio de 2007 con el procesamiento de 86 personas.
La causa se extendió más allá de la Costa del Sol, con diligencias en Madrid, Murcia, Huelva y Cádiz, e incluyó los registros y detenciones de exconcejales marbellíes, empresarios y constructores vinculados al entramado que operaba en torno al entonces asesor urbanístico Juan Antonio Roca.
Entre los procesados figuró también el exalcalde Julián Muñoz, y la instrucción alcanzó notoriedad pública añadida con la imputación de la cantante Isabel Pantoja por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Las cifras manejadas en su momento —más de 2.400 millones de euros intervenidos— dan idea del volumen de la trama.
Trayectoria posterior
Tras Marbella, la carrera de Torres ha seguido ligada a la jurisdicción penal. Ha ejercido como magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y, más adelante, en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, su destino actual.
En ese destino ha combinado la actividad jurisdiccional con la participación en foros de formación jurídica: ha impartido conferencias sobre aspectos procesales y penales del terrorismo en el Colegio de Abogados de Melilla, ha intervenido en jornadas sobre prevención del blanqueo de capitales dirigidas a la abogacía, y ha participado en encuentros del Colegio de Abogados de Granada —como el celebrado en Guadix— sobre suspensión de la ejecución de penas y cuestiones penales derivadas de accidentes de tráfico.
Siete solicitudes y un criterio de antigüedad
El expediente arranca con el acuerdo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, adoptado el 27 de agosto, tras cumplirse el trámite de publicidad de la comisión de servicio ofertada para el partido judicial ceutí. Se presentaron siete solicitudes, ordenadas por número de escalafón: además de Torres Segura (1863), figuran Andreo Ruiz (3867), Abdelkrim Martínez (4946), Inmaculada García-Beamud Pérez de Vargas (254), Borja Cruz Sánchez (555), Jorge Bataller García (637) y Dunia Khalifa Ali (655).
La Presidencia del TSJ, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 160.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y apreciando el carácter de urgencia de la comisión, informó favorablemente la candidatura de Torres Segura «dada su antigüedad en el Escalafón Judicial y su experiencia en la jurisdicción civil y, especialmente, en la penal». El Servicio de Inspección del CGPJ, en su informe ISI n.º 2.659/2026, ratificó esa preferencia y confirmó el orden subsidiario.
Una plaza que trabajaba al 150% pero no acumulaba retraso
Los datos que aporta el Servicio de Inspección dibujan una situación paradójica. La carga media de trabajo ponderada del órgano —civil y penal combinados— alcanzó el 138% en 2024, el 142% en 2025 y el 122% en el primer semestre de 2026, con el orden civil disparado hasta el 175% en 2025.
La dedicación media de los titulares llegó al 201% en 2024 y se mantuvo en el 152% en los primeros seis meses de este año.
Pese a ese sobreesfuerzo, la pendencia se sitúa muy por debajo de la media nacional: 278 asuntos civiles frente a los 907 de plazas equiparables, 615 procesos de ejecución frente a 1.050, y 184 asuntos penales en trámite frente a 490.
Los tiempos de respuesta —3,7 meses en civil y 2,1 en penal, contra 11,8 y 6,3 de la media nacional— confirman que el Tribunal de Instancia de Ceuta venía sosteniendo el servicio a un ritmo muy superior al estándar, sin que ello se tradujera hasta ahora en atasco visible.
La medida de refuerzo no responde, por tanto, a una crisis de pendencia acumulada en el sentido clásico del artículo 216 bis de la LOPJ, sino a la imposibilidad de mantener ese sobreesfuerzo tras un episodio excepcional.
Los días 30 y 31 de julio como punto de inflexión
El informe de Inspección sitúa el origen de la medida en la crisis migratoria vivida en Ceuta esos dos días. Solo en la semana siguiente, del 30 de julio al 5 de agosto, se incoaron 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial, y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos en esas fechas. Entre el 5 y el 11 de agosto se recibieron otros 72 atestados con detenidos o citados.
El propio Tribunal Superior de Justicia, junto con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad Autónoma y el letrado director del Servicio Común de Tramitación, tuvo que activar de forma inmediata el artículo 49 del Reglamento de Aspectos Accesorios de Actuaciones Judiciales para incorporar al servicio de guardia a magistrados y funcionarios de otros órganos de la misma clase y población.
El informe apunta además a un frente judicial adicional que puede prolongar la tensión: los eventuales recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sobre repatriación de menores, lo que —según el propio Servicio de Inspección— podría exigir en el futuro fórmulas de refuerzo más estables, incluidos autorrefuerzos u otras comisiones de servicio.
Duración y condiciones de la comisión aprobada
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya había concedido la autorización económica previa —expediente 371/2026— tanto para Torres Segura como, subsidiariamente, para Andreo Ruiz y Abdelkrim Martínez, «a raíz de la crisis migratoria».
La cobertura de la plaza de origen del magistrado comisionado se ajustará al orden de prelación fijado en la cláusula 5ª del Protocolo de colaboración CGPJ-Ministerio de Justicia de 2019: primero sustitución profesional reglada, después adscripción de otro juez o magistrado como apoyo, y solo excepcionalmente el llamamiento a jueces sustitutos o magistrados suplentes.
