El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido la acusación en la causa abierta por la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta, al trasladar a la titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, María Tardón, que considera a este tribunal competente para investigar los hechos.
Alonso sustenta su posición en que el resultado principal investigado —la entrada masiva de personas— se produjo en Ceuta, esto es, en territorio nacional, con independencia de que parte de la logística previa se gestara fuera de España.
Así lo ha explicado el propio fiscal jefe en un escrito remitido a la magistrada, que había solicitado el criterio del Ministerio Público antes de pronunciarse sobre su propia competencia.
Para Alonso, aunque «una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí», fue en España donde se concentraron «la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes».
Ese dato, sostiene, basta para atraer la competencia hacia la Audiencia Nacional.
No es el único argumento que esgrime el fiscal jefe.
A su juicio, los hechos investigados corresponden a delitos cuya complejidad exige órganos con capacidad para afrontar «fenómenos criminales complejos y organizados», una capacidad que, remarca, sitúa a la Audiencia Nacional por encima de otros juzgados que pudieran reclamar la causa.
Calificación penal
En cuanto a la calificación penal, Alonso se ha movido con la cautela propia de esta fase inicial del procedimiento, dejando expresamente a salvo la calificación jurídica definitiva que resulte de la instrucción.
Con esa reserva, sitúa los hechos en un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por su posible comisión en el seno de una organización y por haber puesto en peligro la vida o la integridad física de los afectados, en concurso con homicidio y lesiones por imprudencia grave, a lo que suma una eventual organización o grupo criminal.
El fiscal jefe ha dejado además abierta la puerta a que la instrucción determine si los hechos afectan también al orden público o a bienes jurídicos colectivos como la paz o la independencia del Estado.
Junto a la reclamación de competencia, Alonso ha solicitado a la jueza Tardón que decrete el secreto parcial de las actuaciones, al apreciar «razones excepcionales» que lo justificarían en este momento de la instrucción.
La causa se inició mediante diligencias previas abiertas por Tardón a raíz de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. Con la postura de Alonso ya sobre la mesa —aunque no vinculante para la magistrada—, corresponde ahora a la instructora decidir en los próximos días si mantiene definitivamente la causa en la Audiencia Nacional o si la remite a otro órgano.
Quién es Jesús Alonso
Jesús Alonso Cristóbal nació en Madrid en 1962 y llegó a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en 2017, en sustitución del fiscal Javier Zaragoza.
Ingresó en la Carrera Fiscal en 1989 y ese mismo año fue destinado a Barcelona, donde ejerció hasta 1998, cuando fue nombrado fiscal de la Audiencia Nacional; en abril de 2012 pasó a ser teniente fiscal de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional y en febrero de 2017 ascendió a la categoría de fiscal de sala, que es equivalente a la de magistrado del Tribunal Supremo.
Pertenece a la Asociación de Fiscales y en marzo de 2022 revalidó el cargo para un segundo mandato de cinco años.
Durante su etapa al frente de la Fiscalía de la AN se han resuelto asuntos como el juicio por los atentados de Barcelona y Cambrils —con condena para los tres acusados— y el juicio al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que resultó exonerado, además de investigaciones vinculadas a los CDR.
