El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha escuchado las pretensiones de la familia del paciente fallecido, reconociendo así la responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la detección tardía del cáncer que se llevó la vida de Eusebio (nombre ficticio). Un fallo con el que la familia recibirá cerca de 75.000 euros por la mala praxis médica.
Hasta nueve veces acudió Eusebio a los servicios de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en Málaga. Y, otras dos veces más, a su médico de cabecera, durante más de siete meses.
Síntomas terribles, como un dolor intenso dorsolumbar y costal, que iban empeorando con el tiempo. Pero sin que desde el sistema público de salud se encontrase la causa, concluyéndose en todas estas ocasiones que se trataba de una «dorsalgia mecánica» sin especificar.
Un diagnóstico que ofrecían al paciente sin derivarle a un especialista, ni realizarle pruebas diagnósticas, pese a los propios protocolos del SAS en estas situaciones.
«Desesperado, por fin acudió a la Sanidad privada», explica ahora la sentencia del TSJA.
Una visita en la que, finalmente, tras la realización de un TAC, se detectaba «una masa blanda paravertebral con posibles metástasis óseas a distancia».
Diagnóstico de cáncer que confirmaba la biopsia: «mieloma múltiple asociado a un plasmocitoma paravertebral». Y que, en enero de 2019, con 63 años, provocaba el fallecimiento del paciente.
Una situación que la familia de Eusebio llevaba ante los tribunales. En concreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Málaga, ante el que planteaban una demanda de responsabilidad patrimonial sanitaria contra el SAS.
Un retraso injustificado en el diagnóstico de cáncer
Juzgado que, sin embargo, desestimaba las pretensiones de la familia del fallecido en su sentencia de 20 de diciembre de 2023.
Un caso que la familia llevaba ante el TSJA. En concreto, ante la sala compuesta por los magistrados Fernando de la Torre Deza (presidente), Cristina Páez Martínez-Virel (ponente) y Miguel Ángel Gómez Torres.
Magistrados que, en su sentencia 1384/2026, sí estimaban las pretensiones de la familia del fallecido, representada por la asociación El Defensor del Paciente y, en concreto, por el abogado Francisco Damián Vázquez.
Así pues, frente a la decisión del juzgado, que valoraba que «el paciente ya estaba en un avanzado estado de enfermedad», por lo que era no indemnizable, valora el TSJA que en este caso se produjo una «pérdida de oportunidad».
Es decir, que el retraso de más de siete meses en el diagnóstico, podría no haber evitado el fallecimiento, pero sí que redujo las posibilidades de un mejor pronóstico.
«La revisión del proceso sufrido por el paciente permite afirmar que un diagnóstico más precoz de este tumor hubiera condicionado un inmediato tratamiento radioterápico y evitado el síndrome radicular, las secuelas hasta su defunción, así como las incontables sesiones de rehabilitación», señala la sentencia.
Una valoración que lleva al tribunal a condenar al SAS a indemnizar a la mujer del fallecido con 40.526 euros, y con 17.699 euros a cada uno de sus hijos, sumando un total de 75.926 euros.
«Este tipo de resoluciones ponen de manifiesto cómo el ahorro de medios y el incumplimiento de los propios protocolos por parte del SAS acaban costando vidas», lamenta Damián Vázquez.
Y es que, «una simple prueba diagnóstica», podría haber cambiado este final, y esta lucha perdida contra el cáncer.
