La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han coincidido en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los niños y niñas migrantes que permanecen en Ceuta desde la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio.
Peramato y Rego han mantenido este jueves una reunión de trabajo en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la que han abordado la situación de los menores y han señalado que las niñas son quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
Desde la entrada masiva se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales a mujeres migrantes en Ceuta. En el 40 % de los casos, las víctimas han sido menores no acompañadas.
Durante el encuentro, la ministra ha informado a la Fiscal General de que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para poder llevar a cabo el traslado de los niños y niñas en el menor tiempo posible.
Ambas han coincidido además en que tanto el ordenamiento jurídico español como el internacional establecen que cualquier actuación que afecte a menores debe tener como prioridad su interés superior.
Las instrucciones de la Fiscalía para proteger a los menores
Peramato ha explicado también algunos detalles del decreto que dictó el pasado 7 de agosto, en el que se establecen pautas de actuación destinadas a garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta.
En concreto, el decreto establece que los fiscales delegados de menores deberán actuar cuando tengan conocimiento de la resolución de traslado y la entidad pública de la comunidad autónoma de destino «rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan».
La reunión también ha servido para abordar los datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, especialmente en lo relativo a la evolución de la delincuencia juvenil.
Peramato y Rego han tratado el incremento de los delitos cometidos por menores de 14 años, que no son imputables. La Fiscal General ya señaló durante su discurso en el Acto de Apertura del Año Judicial que entre las conductas que generan mayor preocupación se encuentran la violencia intrafamiliar, los delitos de lesiones, las agresiones contra la libertad sexual y los delitos relacionados con el uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación.
En este contexto, ambas han intercambiado pareceres sobre la nueva Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se tramita en el Congreso.
Según ha explicado Sira Rego, la nueva norma pondrá el foco en la regulación de los espacios digitales con el objetivo de garantizar que sean seguros para la infancia y la adolescencia.
