El movimiento pasó casi desapercibido entre las decenas de destinos que recoge el Real Decreto 673/2026, de 29 de julio, publicado en el BOE del 7 de septiembre. Pero en el apartado 46 de ese listado figura, con nombre y dos apellidos, el actual responsable número dos de la Justicia española.
Manuel Olmedo Palacios pasa de servir la plaza de juez de adscripción territorial (un JAT en la jerga judicial) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a desempeñar la de magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el orden penal, «continuando en la misma situación administrativa».
Esa situación administrativa es la de servicios especiales, regulada en el artículo 351 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para los jueces y magistrados que acceden a determinados cargos públicos —vocal del CGPJ, fiscal general del Estado, magistrado del Tribunal Constitucional, parlamentario, miembro del Gobierno o alto cargo de la Administración General del Estado, entre otros—, categoría a la que se acogió Olmedo en 2021 al asumir la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y en la que continúa desde su nombramiento como secretario de Estado en noviembre de 2023.
Los servicios especiales no son una excedencia aunque se parecen
A primera vista, los servicios especiales se parecen a una excedencia: el juez deja de ejercer funciones jurisdiccionales mientras dura su cargo público.
Pero la diferencia con la excedencia voluntaria —regulada en el artículo 358 de la LOPJ— es sustancial.
Quien pide la excedencia voluntaria sale, a efectos prácticos, de la Carrera Judicial: no conserva su plaza ni computa ese tiempo a ningún efecto, lo que le permite, por ejemplo, ejercer la abogacía.
Quien pasa a servicios especiales, en cambio, sigue perteneciendo de pleno derecho a la Carrera Judicial: conserva su antigüedad, tiene derecho a la reserva de su plaza (artículo 354 LOPJ) y puede participar en concursos de traslado durante ese tiempo, de modo que su reincorporación futura se producirá en las condiciones del destino obtenido en ellos, no necesariamente en el que dejó al marcharse.
Para la Carrera Judicial, en la práctica, el paso por servicios especiales es solo un paréntesis más en la trayectoria del juez, no una salida de ella.
Esto es exactamente lo que ha ocurrido con Olmedo: mientras él permanece en el Ministerio, otro magistrado cubre de forma interina la plaza que reserva, tal y como sucedió ya en 2022, cuando la magistrada Carolina Encabo de Lizaur fue nombrada para la plaza de adscripción territorial «mientras su titular don Manuel Olmedo Palacios se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales».
Un destino mejor
El movimiento supone, sobre el papel, una mejora respecto a su anterior destino. Frente a la adscripción territorial —una figura pensada para reforzar juzgados y cubrir necesidades de distintos órganos del territorio, sin sede fija—, la Audiencia Provincial de Madrid es un tribunal de segunda instancia con una sección penal que conoce del enjuiciamiento de los delitos de mayor gravedad y de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de lo penal e instrucción de la provincia.
Antes de entrar en el Ministerio, entre 2015 y 2021, Olmedo ya había ejercido precisamente en secciones penales de esa Audiencia y en los juzgados de lo penal de Móstoles.
Nacido en Ávila en 1976, licenciado en Derecho por ICADE e ingresado en la Carrera Judicial en 2003, Olmedo ha combinado su trayectoria judicial con distintos cometidos institucionales: fue letrado del CGPJ, jefe de Selección de la Escuela Judicial y miembro de los grupos de trabajo que impulsaron la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal y el plan de transparencia del Consejo.
Como secretario de Estado, es el número dos del ministro Félix Bolaños en el actual Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
