Dos ponencias. Dos magistrados de bloques opuestos. Y una misma conclusión: el Tribunal Supremo se equivocó al negar la amnistía por malversación a los dirigentes del ‘procés’.
El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne mañana para deliberar sobre los recursos de amparo del exconseller Jordi Turull, hoy secretario general de Junts, y de la exconsellera de ERC Dolors Bassa. Los borradores que circulan desde hace dos semanas apuntan en la misma dirección: estimar.
La coincidencia tiene su miga. La ponencia de Turull la firma José María Macías, encuadrado en el sector conservador y contrario a la ley de amnistía. La de Bassa, el propio presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, referente del bloque progresista. Mismo destino, por tanto. El camino, sin embargo, no es idéntico.
La ponencia del presidente
Es el texto de Conde-Pumpido el que carga con más dureza contra el Supremo. Según el borrador, el alto tribunal incurrió en una «interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad» de la ley al apreciar las dos excepciones que bloqueaban el perdón: el enriquecimiento personal de carácter patrimonial y la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Sobre la segunda, el presidente se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado julio, que estableció que «no puede apreciarse que los intereses financieros» comunitarios «se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica».
El reproche va más allá. Las resoluciones del Supremo, sostiene el borrador, «han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables» y, al apartarse de la finalidad de la norma, no mantuvieron «el nexo de coherencia necesario» entre la decisión, su fundamento legal y los fines que justifican la amnistía.
El Supremo habría llegado a «expulsar» de la ley supuestos de malversación comprendidos en su tenor literal y aptos para su fin último: la pacificación del conflicto generado por el proceso secesionista.
La consecuencia: vulneración del derecho de Bassa a la tutela judicial efectiva, nulidad de las resoluciones del Supremo y petición de que «se declare amnistiado el delito de malversación», con el «carácter preferente y urgente» que la propia ley impone.
El giro de Macías
La trayectoria del texto de Turull es otra historia. El 22 de septiembre, Macías asumió que su primera ponencia —desestimatoria, alineada con el Supremo— no tenía respaldo de la mayoría progresista.
Aquella versión rechazaba el amparo «al no apreciarse» que el tribunal sentenciador hubiera incurrido en «arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente».
El magistrado se comprometió entonces a redactar una nueva, acorde con el sentir mayoritario. Es la que llega ahora al Pleno.
Y su lenguaje no es precisamente tibio. El nuevo borrador aprecia vulnerado el derecho de Turull a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de representación y participación política y con el principio de legalidad penal.
Concluye que el Supremo «se apartó de la finalidad de la norma, incurriendo en una quiebra lógica», hasta «hacer decir a la norma lo que ésta no dice, ni quiso decir expresamente».
Hay, no obstante, un matiz técnico relevante en la parte dispositiva. Macías propone anular las resoluciones y que el Supremo dicte otras «respetuosas» con los derechos fundamentales lesionados. Devuelve la pelota.
Conde-Pumpido, tal como ha trascendido su texto, va un paso más allá al reclamar directamente que se declare amnistiada la malversación.
El TJUE derribó una de las dos premisas del Supremo, la del perjuicio a las arcas europeas. Pero guardó silencio sobre la otra: el beneficio personal de los dirigentes independentistas. Cómo resuelva el Constitucional ese segundo frente será, probablemente, la clave jurídica de la jornada.
La onda expansiva
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han pronunciado ya a favor de perdonar la malversación. Y fuentes del Supremo consultadas por Europa Press anticipan que, si prosperan los amparos, el alto tribunal acelerará su decisión sobre Carles Puigdemont y el resto de recurrentes.
Con una condición: que la doctrina del Constitucional sea extensible a todos ellos.
Si lo es, el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, aplicaría la amnistía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados y pendientes de juicio tras su huida en 2017. La Sala de lo Penal tendría que pronunciarse sobre los ya condenados: Oriol Junqueras, Turull, Bassa y Raül Romeva.
El martes no se decide solo el caso de dos exconsellers. Se decide hasta dónde llega el razonamiento del Constitucional.
