De poco servirá crear nuevas plazas de jueces si las oficinas judiciales tienen que asumir más trabajo con las mismas plantillas. Esta es la advertencia del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ante el anuncio del Gobierno de tramitar por vía urgente dos reales decretos para ampliar la planta judicial y fiscal en 2027, con 500 nuevos jueces y 200 fiscales.
La organización considera que el refuerzo de la Administración de Justicia debe extenderse a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y a los funcionarios de los cuerpos generales, especialmente en un momento marcado por la implantación de los Tribunales de Instancia.
El Colegio no cuestiona la necesidad de reforzar las carreras Judicial y Fiscal, pero exige que cualquier ampliación de la planta judicial vaya acompañada de una evaluación de sus consecuencias sobre la tramitación de los procedimientos, la ejecución de las resoluciones y el funcionamiento cotidiano de las oficinas.
Rechazo a las modificaciones de las RPT que no aumenten el personal
Una de las principales reivindicaciones del CNLAJ se refiere a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), el instrumento que determina la organización y distribución de los puestos en las oficinas judiciales.
El Colegio se opone a cualquier modificación de las RPT que no suponga un incremento real de efectivos, una posición que ya ha trasladado formalmente al Ministerio de Justicia.
Considera que la reorganización derivada de la implantación de los Tribunales de Instancia no puede limitarse a redistribuir los mismos trabajadores entre nuevas unidades administrativas.
A su juicio, redistribuir a los mismos profesionales entre nuevas unidades, modificar sus funciones o cambiar los organigramas no resuelve las carencias de personal existentes. Esta situación cobra especial importancia con la entrada en funcionamiento del modelo organizativo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Para el CNLAJ, esta transformación exige calcular previamente las necesidades de personal de cada unidad, teniendo en cuenta el volumen de asuntos, la complejidad de los procedimientos y las actuaciones pendientes.
De no hacerlo, advierte, existe el riesgo de trasladar al nuevo modelo los problemas de falta de medios que ya padecía el anterior.
La carga de trabajo, en el centro de las reclamaciones
El Colegio reclama también la elaboración y actualización de módulos de trabajo que permitan medir con precisión las funciones y responsabilidades de los LAJ.
Considera que los parámetros tradicionales resultan insuficientes para conocer las necesidades reales de las oficinas judiciales.
No basta con contabilizar los asuntos ingresados. Es necesario analizar su complejidad, las actuaciones procesales pendientes, el volumen de ejecución y las tareas de dirección, coordinación y organización que corresponden a estos profesionales.
El objetivo es identificar las situaciones de sobrecarga y distribuir los recursos humanos de manera proporcional al trabajo efectivo de cada oficina.
Esta reivindicación tiene también una dimensión relacionada con la prevención de riesgos laborales. El CNLAJ advierte de que una organización con recursos insuficientes puede incrementar la presión sobre los profesionales, afectar a su salud y perjudicar la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Por ello, exige que la protección de la salud laboral forme parte de la planificación de las plantillas desde el principio, mediante evaluaciones periódicas y mecanismos que permitan corregir los desequilibrios detectados
Más personal de apoyo
El Colegio insiste en que las necesidades de la Carrera Judicial y del Ministerio Fiscal son legítimas, pero recuerda que la actividad jurisdiccional depende del funcionamiento coordinado de jueces, fiscales, LAJ y funcionarios.
La creación de nuevas plazas judiciales puede resultar insuficiente si las oficinas encargadas de tramitar los procedimientos y ejecutar las resoluciones deben asumir la actividad con los mismos recursos. Por ello, reclama al Ministerio de Justicia que vincule cualquier ampliación de la planta judicial con una evaluación de sus consecuencias organizativas y, cuando sea necesario, con un aumento de efectivos.
El CNLAJ ofrece su colaboración al Ministerio para diseñar una planificación basada en datos objetivos y en las necesidades reales de cada oficina.
