La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido que los fiscales asuman la investigación penal como respuesta al crecimiento de la ciberdelincuencia, cuyos delitos aumentaron un 25 % durante 2025 respecto al año anterior. Su argumento es que la estructura territorial del Ministerio Fiscal permite abordar de manera coordinada unos fenómenos delictivos que, por su propia naturaleza, pueden afectar simultáneamente a miles de víctimas repartidas por distintos puntos de España.
Peramato ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el congreso DATAfórum Justicia, organizado por el Ministerio de Presidencia en A Coruña, que reúne a más de 180 expertos y alrededor de un millar de asistentes, principalmente profesionales del ámbito jurídico.
La fiscal general ha recordado que, según la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2025, uno de cada cinco delitos presentó una dimensión digital, un dato que evidencia la importancia creciente de las nuevas tecnologías en la actividad delictiva.
Este escenario, ha explicado, obliga a adaptar los mecanismos de investigación y a reforzar la especialización de quienes deben perseguir estas conductas.
«La investigación de estos delitos presenta dificultades muy distintas», ha advertido.
Entre ellas, ha destacado que «un mismo hecho puede afectar a miles de personas distribuidas por distintos territorios», una característica que complica las investigaciones cuando deben intervenir órganos judiciales de diferentes demarcaciones.
La fragmentación territorial, uno de los principales obstáculos
Peramato ha situado la falta de unidad territorial en las investigaciones como uno de los principales problemas que plantea la persecución de la ciberdelincuencia.
«Una parte importante de las dificultades existentes deriva de la fragmentación territorial de la investigación», ha señalado.
Frente a esta realidad, ha defendido que la estructura del Ministerio Fiscal ofrece la posibilidad de abordar estos fenómenos desde una perspectiva global, precisamente por su capacidad de coordinación y su presencia en todo el territorio nacional.
La fiscal general ha vinculado esta característica organizativa con su reivindicación de que los fiscales asuman la investigación penal, una cuestión que afecta directamente al modelo procesal español y al reparto de funciones entre jueces y fiscales.
En su opinión, la respuesta institucional a la ciberdelincuencia debe asentarse sobre tres pilares: «Especialización técnica, cooperación y pleno respeto a las garantías procesales».
Peramato también ha destacado la importancia de la red de fiscales especialistas en el ámbito digital, distribuida por toda España, como instrumento para avanzar hacia una respuesta coordinada frente a unas modalidades delictivas que no se ajustan necesariamente a los límites territoriales tradicionales.
En este contexto, ha insistido en la necesidad de desarrollar mecanismos de coordinación más eficientes que permitan afrontar investigaciones cada vez más complejas.
La digitalización de la Justicia exige cambios organizativos
Durante su conferencia sobre los retos de la Fiscalía en el ámbito tecnológico, Peramato ha abordado también las oportunidades que ofrece la transformación digital para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
A su juicio, estas herramientas pueden resultar especialmente útiles en un contexto en el que las investigaciones judiciales y fiscales requieren manejar cantidades crecientes de datos.
«Utilizada adecuadamente contribuirá a acercar la justicia a la ciudadanía», ha afirmado.
Sin embargo, ha advertido de que la modernización tecnológica no puede limitarse a incorporar nuevos programas informáticos o aplicaciones a los procedimientos existentes.
«La transformación digital no es solo adquisición de nuevas aplicaciones, supone también una transformación organizativa y cultural», ha subrayado.
Inteligencia artificial: potencial y riesgos para las garantías procesales
La inteligencia artificial ha ocupado también una parte de la intervención de la fiscal general del Estado.
Peramato ha reconocido el «enorme potencial» de la IA para contribuir a la modernización de la Justicia, aunque ha insistido en que sus beneficios dependerán «del uso que hagamos de ella», ha advertido.
La fiscal general ha identificado varios desafíos que deben tenerse en cuenta a la hora de incorporar sistemas de inteligencia artificial al funcionamiento de la Justicia.
Entre ellos, ha mencionado la transparencia, la protección de los datos personales y la prevención de posibles sesgos, cuestiones especialmente relevantes en un ámbito en el que las decisiones pueden afectar a derechos fundamentales.
Son aspectos, ha insistido, que deben abordarse «con todo el rigor».
Su intervención ha puesto así el acento en una doble necesidad: mejorar la capacidad de investigación frente a los delitos cometidos mediante nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, aprovechar las posibilidades de la digitalización sin comprometer las garantías procesales.
