La lucha contra la venta de productos falsificados no termina con la incautación de un bolso, unas zapatillas o un reloj que imitan una marca registrada.
Para que una intervención policial pueda desembocar en una condena penal, es fundamental identificar correctamente los indicios del delito, preservar las pruebas y documentar las actuaciones con todas las garantías legales.
Con ese objetivo, la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL) celebraron el viernes 23 de octubre en Almería una jornada de formación especializada que reunió a agentes de distintos puntos de España.
El encuentro puso el foco en el papel de las policías locales en la investigación y persecución de los delitos contra la propiedad industrial, tipificados en el artículo 274 del Código Penal.
La iniciativa siguió la línea de otras actuaciones formativas desarrolladas por ANDEMA. Este mismo mes de octubre se conoció que la Ertzaintza había participado en un curso organizado por la asociación para mejorar la detección y persecución de las falsificaciones.
En esta ocasión, la lucha contra los productos falsificados volvió a situarse en primer plano, con las policías locales como protagonistas y un objetivo común: reforzar la preparación de los agentes para combatir estas actividades ilícitas con mayor eficacia y seguridad jurídica.
Formación práctica para identificar productos falsificados
La jornada tuvo lugar en el Salón del Parque Infantil de Tráfico de la Policía Local de Almería y combinó formación jurídica y policial con ejercicios prácticos destinados a mejorar la identificación de mercancías falsificadas.
En la apertura institucional participaron responsables de la Policía Local de Almería y representantes de UNIJEPOL. Durante la mañana, especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del sector privado abordaron las técnicas de investigación de los delitos contra la propiedad industrial, las nuevas modalidades de falsificación y la colaboración entre las autoridades y los titulares de las marcas.
La segunda parte del encuentro estuvo dedicada al análisis de casos reales. Representantes de marcas de reconocido prestigio explicaron a los agentes las características que permiten diferenciar sus productos originales de las imitaciones que circulan en el mercado.
Esta formación resulta especialmente útil para los policías locales, que, por su proximidad al comercio y su presencia habitual en mercados, establecimientos y espacios públicos, pueden detectar directamente la distribución y venta de mercancías falsificadas.
Las pruebas, fundamentales para la investigación judicial
Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la necesidad de que las intervenciones policiales se desarrollen con las debidas garantías jurídicas.
La detección de un producto aparentemente falsificado no basta, por sí sola, para acreditar la comisión de un delito contra la propiedad industrial. Es necesario reunir los elementos que permitan determinar si concurren los requisitos establecidos por el Código Penal.
El artículo 274 contempla distintas conductas delictivas relacionadas con la fabricación, importación, distribución y comercialización de productos que incorporan signos distintivos idénticos o confundibles con marcas registradas, sin autorización de sus titulares.
Las penas varían según la conducta. En determinados supuestos de fabricación, importación o distribución mayorista pueden alcanzar los cuatro años de prisión, mientras que la venta ambulante u ocasional tiene un tratamiento penal específico.
Para que una investigación prospere, resulta esencial identificar los productos intervenidos, documentar las circunstancias de su comercialización y garantizar su correcta conservación y custodia. Una tarea en la que la formación especializada de los agentes adquiere especial importancia.
UNIJEPOL reivindica el rigor y la seguridad jurídica
La presidenta de UNIJEPOL, Julia González Calleja, destacó que la actuación de las policías locales resulta fundamental para proteger la legalidad y perseguir estas actividades ilícitas.
“Nuestra labor exige una observación y una formación constante, como la que hoy desarrollamos, para actualizar a los agentes de forma práctica en la correcta identificación de los hechos, la preservación de los indicios y la elaboración de diligencias para garantizar la actuación de la autoridad judicial”, señaló.
González Calleja insistió en que la eficacia de una intervención no depende únicamente de detectar la falsificación, sino también de la calidad jurídica del trabajo policial.
“La profesionalidad policial se demuestra no solo en la capacidad de detectar una falsificación, sino también en la forma de intervenir: con rigor, seguridad jurídica y pleno respeto a los derechos fundamentales”, afirmó.
Sus palabras pusieron de relieve la importancia de la actuación de las policías locales como colaboradoras de la Policía Judicial.
ANDEMA destaca la protección del pequeño comercio
Por su parte, el director general de ANDEMA, Gerard Guiu Ribé, destacó que la formación de las policías locales constituye una herramienta fundamental para combatir un fenómeno que perjudica tanto a las empresas como a los consumidores.
“Las policías locales desempeñan un papel fundamental en la lucha contra las falsificaciones y en la protección y defensa del pequeño comercio y del consumidor”, afirmó. Asimismo, defendió la necesidad de mantener una colaboración estrecha entre los titulares de las marcas y los cuerpos policiales.
“Desde ANDEMA seguimos impulsando iniciativas formativas que acercan el conocimiento de las marcas a los cuerpos policiales y fortalecen la colaboración”, añadió.
Esta cooperación permite que los agentes conozcan de primera mano los elementos de autenticidad de los productos, los sistemas de identificación empleados por los fabricantes y las características más habituales de las imitaciones.
Las falsificaciones no solo vulneran los derechos de propiedad industrial de las empresas. También perjudican la competencia, afectan al pequeño comercio y pueden poner en peligro la seguridad y la salud de los consumidores, especialmente cuando se trata de productos que no cumplen los controles exigidos.