Localizar los bienes obtenidos mediante actividades delictivas antes de que desaparezcan o sean transferidos a terceros. Ese es uno de los principales desafíos de la recuperación de activos y uno de los asuntos abordados este miércoles en una jornada organizada por el Colegio de Registradores de España.
Su decana-presidenta, Rosario Jiménez Rubio, ha reivindicado el papel de la información registral para descubrir estructuras patrimoniales complejas, identificar a los verdaderos titulares de los bienes y facilitar las actuaciones judiciales dirigidas a su recuperación.
La jornada, titulada «La recuperación de activos en el marco de la nueva Ley de Integridad y Garantías», ha reunido a representantes de la Administración, las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y el ámbito registral.
El encuentro se produce mientras el Congreso tramita el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que contempla medidas para reforzar la recuperación de activos procedentes de actividades ilícitas. Se trata, por tanto, de una reforma todavía pendiente de aprobación parlamentaria.
Rosario Jiménez defiende que el delito no puede resultar rentable
Jiménez Rubio ha defendido que la eficacia de la Justicia también debe valorarse por su capacidad para impedir que quienes han obtenido beneficios ilícitos puedan conservarlos o introducirlos nuevamente en la economía con apariencia de legalidad.
En este sentido, ha reclamado una mayor coordinación entre las instituciones y ha subrayado que «la seguridad jurídica y la eficacia de la Justicia no son objetivos contrapuestos, sino dos exigencias que se refuerzan mutuamente».
La inauguración ha corrido a cargo de Dulce Calvo González-Vallinas, directora de Asuntos Europeos del Colegio de Registradores, quien ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación institucional para evitar que la actividad delictiva resulte económicamente rentable.
Identificar quién se esconde detrás de las sociedades
Una de las cuestiones centrales de la jornada ha sido la dificultad para determinar quién controla realmente determinados patrimonios.
Los investigadores pueden encontrarse con entramados de sociedades, participaciones empresariales y testaferros que dificultan la identificación de los propietarios reales de los bienes.
La primera mesa, dedicada a la investigación patrimonial, ha analizado cómo la información de los registros puede contribuir a reconstruir esas relaciones y localizar activos susceptibles de embargo o decomiso.
Los participantes también han destacado la necesidad de agilizar el acceso a esa información para evitar que los bienes sean ocultados o transmitidos antes de que puedan asegurarse.
En este ámbito se han presentado avances en la colaboración con el Colegio de Registradores para facilitar las solicitudes masivas de documentación y automatizar su incorporación a los informes patrimoniales.
Proponen reforzar el control de las participaciones sociales
Otra propuesta planteada durante el encuentro ha sido establecer la inscripción constitutiva de las transmisiones de participaciones sociales en el Registro Mercantil.
El objetivo de esta medida sería reforzar la identificación de quienes están detrás de las sociedades y mejorar la transparencia de las operaciones societarias.
La primera mesa ha estado moderada por Santiago Molina Illescas, director del Centro de Estudios Registrales.
Han intervenido Javier Morales Bravo de Laguna, subdirector general de Localización y Recuperación de Bienes; Miriam Fernández Álvarez, inspectora jefa del Grupo ORGA; Javier Jesús Martínez Ruiz, comandante jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Técnica de la Guardia Civil, y Javier Gómez Gálligo, registrador mercantil de Madrid y letrado adscrito a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Evitar que los bienes intervenidos pierdan valor
La segunda mesa ha abordado otro problema: qué sucede con los bienes intervenidos mientras se prolongan los procedimientos judiciales.
La duración de las investigaciones y los juicios puede dificultar su conservación y comprometer su valor económico.
Los participantes han examinado la colaboración entre la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y los registradores para realizar un seguimiento de las anotaciones registrales, impulsar sus prórrogas y facilitar la venta o adjudicación de los bienes cuando proceda.
También se ha defendido la posibilidad de adoptar medidas provisionales de protección patrimonial, sometidas posteriormente a control judicial.
Recuperar el dinero antes de que finalice el procedimiento penal
El debate también ha incluido las dificultades relacionadas con la recuperación de cantidades vinculadas a delitos fiscales.
Según se ha expuesto durante la jornada, los resultados de recaudación son mejores cuando las actuaciones de cobro comienzan durante el procedimiento penal que cuando se espera a la ejecución de la sentencia.
La segunda mesa ha sido moderada por Raquel Ortiz de Pinedo Fernández, directora del Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras y Nuevas Tecnologías.
Han participado Eva Ferrus García, subdirectora general de Conservación, Administración y Realización de Bienes; Fernando Rodríguez Rey, fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos, y Javier Álvarez de Soto, registrador de la propiedad y director del Centro Registral Antiblanqueo.
