Opinión | Los tribunales toman el control del futuro de la inteligencia artificial

Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado, asesor de diversos Estados y de la Unión Europea en materia de regulación digital y profesor de Derecho digital, analiza la creciente oleada de demandas contra OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial, así como las responsabilidades jurídicas de sus desarrolladores por los posibles daños derivados del uso de estas tecnologías. Foto: Confilegal.

5 / 11 / 2026 05:40

El 23 de octubre de 2026, el Estado de Tejas interpuso una demanda contra OpenAI y Sam Altman en virtud de la Texas Deceptive Trade Practices-Consumer Protection Act (DTPA), la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de ese estado, una norma del Derecho del consumo.

En la demanda, el fiscal general del estado alega que OpenAI viene incurriendo en prácticas falsas, engañosas y fraudulentas en el ejercicio de su actividad, entre las que se incluyen:

– No advertir de los peligros de ChatGPT;

– Haber diseñado, ofrecido y mantenido un producto en línea peligroso al que los niños pueden acceder fácilmente sin el consentimiento de sus padres;

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto en línea peligroso en el que se puede acceder fácilmente a información nociva, como consejos sobre trastornos alimentarios, autolesiones y asesinatos en masa, incluso para niños pequeños;

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto en línea peligroso que incluye funciones que fomentan un uso compulsivo, prolongado y perjudicial para la salud, incluyendo por parte de menores;

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto peligroso sin las pruebas de seguridad adecuadas;

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto peligroso capaz de ignorar las instrucciones humanas y, en su lugar, actuar de forma inesperada y no autorizada;

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto que fomenta la autolesión entre los usuarios al tiempo que proclama falsamente su seguridad;

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto que funciona de forma poco fiable, al tiempo que se presenta falsamente como fiable; y

– Diseñar, ofrecer y mantener un producto que se presenta falsamente como dotado de emociones y características humanas para ganarse la confianza y fomentar la participación de sus usuarios.

Los incidentes de Hugging Face y Australia

La demanda asimismo se refiere a promesas incumplidas de seguridad de este fabricante, y luego trae a colación incidentes recientes relacionados con la IA, incluido el de Hugging Face, como ejemplos de los peligros de este sistema de IA.

El incidente de Hugging Face ocurrió en julio, si bien OpenAI lo hizo público en agosto de 2026. En síntesis, los modelos de IA de OpenAI eludieron los controles de aislamiento para lograr acceso a Internet, se comunicaron a través de foros ocultos, comprometieron diversas infraestructuras digitales y obtuvieron acceso no autorizado a sistemas de terceros.

También en los últimos meses se han producido incidentes de seguridad muy relevantes, como el caso de la brecha de seguridad al Gobierno de Australia. Ocurrido en julio, se hizo público en septiembre de 2026.

Los modelos de OpenAI obtuvieron acceso no autorizado a sitios web y sedes electrónicas del Gobierno australiano durante el entrenamiento y la evaluación internos.

De igual modo descubrieron una clave de acceso expuesta que podía utilizarse para consultar el sistema de notificaciones de la Agencia de Información Sanitaria de Victoria.

Ahora bien, estos incidentes a su vez han afectado a sus competidores.

También en septiembre de 2026, Anthropic publicó su informe sobre usos indebidos en el que se describía cómo algunas personas intentaron utilizar Claude para perpetrar ciberataques, operaciones de desinformación, vigilancia ilícita, estafas, fraude, uso indebido con fines biológicos e incluso desarrollo de armas.

Una oleada de demandas en Estados Unidos

Tejas no es el único estado de Estados Unidos que ha demandado a OpenAI. Florida la demandó en junio, y Arizona, Idaho y Montana presentaron sus demandas el 14 de octubre.

De forma paralela a estas demandas, también están en curso otros procesos judiciales relativos a daños por suicidios y por daños a la salud mental presentadas por las familias de las víctimas, como en el caso del adolescente Adam Raine, cuyo suicidio fue presuntamente inducido por ChatGPT.

Así como docenas de demandas por derechos de autor contra empresas de IA por la falta de consentimiento y de compensación a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, y otros litigios en tramitación relacionados con cuestiones de seguridad de los productos y protección del consumidor.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) también ha estado investigando a las principales empresas de IA. Estas investigaciones podrían desembocar en demandas a los fabricantes y desarrolladores de IA si, por ejemplo, la Administración identifica prácticas «desleales o engañosas», o si estas incumplen los protocolos básicos de seguridad.

Los tribunales ya moldean el futuro de la IA

De este modo, las demandas ya están configurando el futuro de la IA.

Por ejemplo, una demanda por derechos de propiedad intelectual ha dado lugar al mayor acuerdo extrajudicial de la historia de los derechos de autor en Estados Unidos, lo que ha obligado a Anthropic a pagar 1.500 millones de dólares en concepto de indemnización a los autores de libros.

También estos litigios han forzado a los fabricantes de IA, a las plataformas y a los autores a alcanzar acuerdos de licencia que permitan el entrenamiento de la IA sin dejar de respetar las leyes de derechos de autor.

En Europa, el pasado 3 de noviembre el Abogado General del TJUE ha presentado sus conclusiones en el asunto C‑250/25, Like Company, y ha defendido que la recuperación y reutilización, en tiempo real, de publicaciones de prensa en línea por chatbots de IA para generar respuestas a las consultas de los usuarios puede, en determinadas circunstancias, vulnerar los derechos de los editores de prensa.

En el fondo, no hay que olvidar que los sistemas de IA no tienen por el momento personalidad jurídica; en cambio, los fabricantes y desarrolladores son personas jurídicas que ofrecen productos y servicios a la sociedad. Como sujeto de derecho, esas empresas deben cumplir el Derecho si quieren seguir operando.

No pueden ofrecer productos y servicios que pongan en peligro al público; si lo hacen, pueden y deben ser consideradas responsables. El clásico alterum non laedere de Ulpiano sigue, pues, plenamente vigente en la era digital.

@moisesbarrioa y https://www.linkedin.com/in/moises-barrio-andres/.

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