Inma Alcolea, mossa expedientada por ser constitucionalista: «El 60 % de los Mossos es desleal a España»
Inma Alcolea en una foto tomada el pasado mes de marzo, en Madrid, donde fue distinguida con la condecoración "Reconocimiento al Mérito y al Sacrificio", por su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en el marco del Acto y Simposium del Grupo GEES Spain. En la foto aparece con sus dos hijos menores. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Inma Alcolea, mossa expedientada por ser constitucionalista: «El 60 % de los Mossos es desleal a España»

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06/3/2019 03:54
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Actualizado: 06/3/2019 10:42
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Es cabo del cuerpo de Policía Autonómica catalana, Mossos d’Esquadra, donde sirve desde hace 22 años. Inma Alcolea nació en Barcelona hace 49 años, de padre murciano y madre madrileña.

Es, además, madre de dos niños con su pareja, un sargento de los Mossos que «tiene muchos más de ocho apellidos catalanes».

Además de mossa, Alcolea es licenciada en Derecho.

Desde hace más de un año y medio afirma estar siendo objeto de una persecución por parte de la División de Asuntos Internos de los Mossos por sus ideas constitucionalistas.

Los expedientes disciplinarios se han sucedido uno tras otro. 

Alcolea sabe muy bien el terreno que pisa: «Conozco muy bien los Mossos d’Esquadra y no estoy muy lejos de la realidad si digo que el 60 % de los 17.000 Mossos es desleal a España. Y no estoy exagerando».

«Lo que estamos viviendo en Cataluña es un estado de excepción donde se da la paradoja de que desde el gobierno catalán se azuza la violencia en las calles mientras que la División de Asuntos Internos, convertida en el brazo político del independentismo, persigue a aquellos policías que tratan de contener esa violencia y que respetan la Constitución y el Estatuto», añade.

Inma Alcolea hace esta entrevista en el marco del Acto del IV Simposium del Grupo GEES Spain, que se celebró en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid.

Allí recibió la condecoración «Mérito y sacrificio» junto a sus compañeros del colectivo «Mossos por la Constitución», Ángel Gómez Sánchez, presidente, y Alfonso Dueñas Salido, vicepresidente, en una ceremonia muy emotiva repleta de reconocimiento a su trabajo en Cataluña. 

La cabo Alcolea, actualmente en baja por depresión, quiere marcharse de Cataluña con su familia para poder vivir en paz y en libertad.

Lucha porque el Gobierno desarrolle legalmente la pasarela que le permitiría, a ella, a su pareja y a muchos de sus compañeros, pasarse a la Policía Nacional.

«El 80 % del presupuesto de los Mossos -nuestros salarios- lo paga el Ministerio del Interior. Eso no se conoce, pero es así. El puente legal existe. Está en la Disposición adicional Cuarta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, titulada ‘Ingreso en la Policía Nacional por funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas’. Ahí se reconoce que nosotros, como policía autonómica, podemos pasar a la Policía Nacional», apunta.

¿Cómo comenzó esta persecución contra su persona desde la División de Asuntos Internos, que usted denuncia?

En diciembre de 2016. Fue cuando me traje a Gerona, donde vivo, a mi madre, que padecía una hepatitis C. La censé en mi domicilio. Mi madre es una mujer muy activa, muy culta, muy implicada en redes sociales. Es muy diferente a cualquier mujer de su edad.

La cuestión es que se le estropea su Mac. Yo tenía otro igual. Mientras se le reparaba, cogió el mío. Entró en Facebook y se puso a marujear desde un perfil que yo había tenido cerrado desde 2009, y, en esto, que encuentra una foto de Puigdemont.

Ella conoce personalmente al señor Puigdemont, que ha sido alcalde de Gerona. Los políticos catalanes llevan mucho tiempo azuzando y apretando a la población que vivimos allí y que no compartimos la misma ideología.

La cabo de la policía autonómica catalana definió a Trapero y a Laplana, sus antiguos jefes, como unos golpistas, razón por la cual le abrieron un expediente disciplinario. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Y qué hace su madre?

Una crítica al señor Puigdemont. Hacía relativamente poco que se había enterado que mentía en su currículum. No tenía ninguna licenciatura ni en periodismo ni en filología catalana.

Es un señor que salió de la pastelería de su pueblo, en la localidad de Amer, y que trabajó dos años en un periódico, por lo cual es considerado periodista, pero no es licenciado en periodismo.

Mi madre escribió, ‘tú eres un hombre sin oficio ni beneficio. Te has lucrado de la posición que ocupas. Te puedes morir de hambre, capullo’.

¿De quién llamó la atención?

De un grupo de Mossos independentistas. Mossos por la independencia. Es un grupo, desde mi punto de vista, delincuencial, que aparece en 2012. Esos mossos infringen el artículo 68.1 de nuestra Ley de Policía que penaliza como falta muy grave el incumpliendo del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto en el ejercicio de sus funciones.

Los Mossos por la independencia se dedican en redes a despotricar contra la Constitución, contra el Estatuto, contra la justicia, contra la Fiscalía, contra el Estado español y contra todas las instituciones.

Yo entiendo que están infligiendo una norma que podría suponer hasta su expulsión del cuerpo de policía.

¿Se les tolera?

Está tolerada, admitida, incluso fomentada por las instituciones catalanas, como por ejemplo el director general de la Policía, que es el jefe orgánico, funcional, de la División de Asuntos Internos, que es la Policía de la Policía, que actualmente se dedica a perseguir a todos aquellos agentes que nos hemos posicionado en contra del independentismo y a favor de la Constitución.

Recordemos que el anterior director general de la Policía Autonómica está procesado por rebelión. Éste y el actual fueron puestos a dedo por el PdeCat, formación que está detrás de los graves sucesos de septiembre y octubre de 2017.

Este director general actual es el que nos está expedientando. Nos está quitando el sueldo. Todo ello con la mirada impávida de las instituciones españolas y así estamos.

Por lo tanto, fueron los Mossos por la independencia los que la denunciaron ante Asuntos Internos. 

Ahora se llaman Mossos por la República, o por la Democracia. Van cambiando de nombre.

Asuntos Internos me suspende de empleo y sueldo desde el minuto uno, sin saber que mi madre había sido la autora.

«La División de Asuntos Internos, que es la Policía de la Policía, que actualmente se dedica a perseguir a todos aquellos agentes que nos hemos posicionado en contra del independentismo y a favor de la Constitución»

También podría haber argumentado que, en todo caso, ese día usted estaba de libranza, por ejemplo.

Hay una artículo, 11.5 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad, Mossos d’Esquadra, que dice que los Mossos d’Esquadra somos Mossos las 24 horas.

Sí, pero usted no tuvo la culpa de las opiniones de su madre.

Ya, pero hasta que no pueda llegar a un juzgado, a mí me pueden sancionar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un Mosso d’Esquadra, como por ejemplo el señor Albert Donaire, el líder de Mossos por la independencia, tenga colgado en sus perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, unas fotos suyas votando en el referéndum ilegal?

Y no sólo es él. Son cien más.

¿Cómo puede ser que el director general de la Policía autonómica, a una denuncia que yo presento contra un Mosso que me insulta a través de la red social, donde además insulta al Rey, a políticos constitucionalistas, donde llama a la desobediencia de la Administración catalana al estado central, me conteste: ‘señora, votar no es delito’?

Él también es Mosso 24 horas al día, ¿no?

Es evidente. El rasero por el que miden los tiempos libres y las formas de actuar de los Mossos que se pronuncian a favor de la Constitución y en contra del independentismo, respecto a todos aquellos que son clara y definitoriamente independentistas, es completamente diferente.

Me tienen 9 Meses en un expediente me lo caducan sin motivo me lo vuelven a iniciar por los mismos hechos, con lo que dura 16 meses, castigada en un infierno procedimental regado con 16 meses de castigos anticipados que llaman medidas cautelares una detrás de otra.

En primer lugar, me suspenden de empleo y sueldo dos meses. En segundo lugar, me tienen 6 meses trasladada a 140 kilómetros de mi casa. Y cuando vuelven a iniciar el procedimiento disciplinario por los mismos hechos, me vuelven a aplicar unas medidas cautelares, que dice la ley que no solo tienen que ser temporales sino excepcionales y motivadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les está declarando ilegales todas las medidas cautelares que estos sujetos me han ido aplicando, básicamente por la falta de motivación.

Están incumpliendo la ley.

¿Cómo van a revertir todos daños psicológicos, físicos y familiares que a mí me ha infligido esa Administración autónomica? ¿Cómo van a repararlos?

¿Y cómo puede ser que haya Mossos d’Esquadra que estén insultando al Rey?

¿Lo ha denunciado?

Claro. Ante la propia Policía. Pero, ¿sabe dónde están acabando mis denuncias? Limpiando las mesas. Mientras que las que he presentado ante la Fiscalía se están investigando.

Por el hecho de estar experimentada disciplinariamente, la División de Asuntos Internos de Mossos -con el señor del PdeCat que los dirige- debe considerar que no tengo derecho a ser protegida de los insultos las calumnias las amenazas,  realizadas por propios mossos d’Escuadra

Hay, incluso, un Mosso d’Esquadra que actualmente está destinado en Gerona, y que tiene una condena por un delito relacionado por menores, que ha robado unas claves de un perfil desactivado de mi pareja hace un año y medio. Ha robado las fotografías de mis hijos menores y las ha publicado en un perfil independentista.

Todo esto ha sido denunciado, no solo en la Guardia Civil sino en el Juzgado de Instrucción 4 de Gerona.

Las denuncias que yo he presentado, respecto del acoso que estoy sufriendo en redes sociales, de compañeros que son policías. No estoy siendo protegida.

Inma Alcolea tiene una sólida formación jurídica; es abogada. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Usted es una mujer directa, acostumbrada a decir las cosas a la cara. También se las dijo a Enric Milló, anterior delegado del Gobierno en Cataluña, en acto de Gerona. ¿Qué pasó?

En febrero de 2018 cuando llevaba inmersa 13 meses en un expediente que duro hasta que pude acudir a la vía judicial el 2 de mayo de 2018

Era un acto de Sociedad Civil Catalana, dude la que soy simpatizante. Allí tuve la oportunidad de dirigirme a él.

Le dije, mire señor, mi situación disciplinaria es esta. La Administración autonómica catalana está vulnerando las leyes contra mi persona. Yo me encuentro castigada continuamente, en una situación de acoso y hostigamiento por parte de la División de Asuntos Internos y me gustaría que me ayudara desde la institución española.

Y después añadí una obviedad: Aquí lo que está pasando no es  un golpe de estado como el de 1981, cuando Tejero entró en el Parlamento y yo tenía 9 años. Esto es un golpe de estado desde dentro de la Administración Autonómica. Desde dentro del propio Estado, porque la Administración Autonómica es tan Estado como el Estado central.

En Cataluña nos hemos pasado 40 años sin Estado central, desprotegidos, con un gobierno de la Generalitat que siempre ha sido desleal y al que se ha ido regalando competencias, que, desde el Gobierno de la nación, no han regulado ni supervisado.

Llamé a la Generalidad de Cataluña ‘Genestapo’ y expliqué que teníamos un problema dentro de los Mossos de Escuadra.

En aquel tiempo ya estaba procesado el señor Trapero por un supuesto delito de sedición y organización criminal. También la Mossa, señora Laplana, por sedición y desobediencia. Y el anterior consejero de Interior, por rebelión.

A esos señores no se les abre ningún expediente disciplinario. No se les aplica ninguna medida cautelar. A mí, sí.

Y terminé diciendo: ‘tengo unos jefes que son unos golpistas’.

Por eso me volvió a caer otro expediente disciplinario de 5 meses.

¿Se está aplicando?

En el momento en que me reincorpore. Actualmente estoy de baja, con una depresión gravísima, tomando una medicación fortísima, para poder levantarme por la mañana y atender a mis hijos de la manera adecuada.

Mi situación es desproporcionada, injusta e ilegal. Y lo peor es que al Estado central no le importamos nada.

O sea, que cuando se reintegre le va a caer un nuevo «paquete».

Trece meses de empleo y sueldo.

La situación es mucho más grave que lo que se ve desde el resto de España.

Es triste

La realidad es que en Cataluña no existe Estado de Derecho. Es el que se inventa la Generalitat de Cataluña, que cuando quiere abre el Parlamento y cuando no, lo cierra.

Hay que decirlo alto y claro: en Cataluña no hay seguridad jurídica. La Administración catalana actúa bajo una falsa apariencia de legalidad.

Esa es la auténtica realidad y no otra.

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