El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, señala que entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2% más que en el mismo período de 2019, según ha una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta de varios diputados del PP.
El traspaso de clases pasivas del Estado a la Seguridad Social ha provocado una ‘oleada’ de jubilaciones anticipadas de funcionarios, informa CSIF
Y ante el "temor a ver recortados sus derechos de pensión" por la reforma que propone el Gobierno en materia de pensiones
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14/5/2021 11:46
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Actualizado: 14/5/2021 11:46
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado que «el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión» por la reforma que propone el Gobierno en materia de pensiones y el traspaso de la gestión de clases pasivas del Estado a la Seguridad Social han provocado una «oleada» de jubilaciones anticipadas entre los funcionarios.
«Tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al PP, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2% más que en el mismo período de 2019«, señala a Confilegal el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama.
El Régimen de clases pasivas del Estado incluye al personal militar, a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, a los profesores, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
La mayoría, más de 8.000 jubilaciones, se registraron en el sector educativo, 263 fueron de funcionarios de Justicia, y 32 en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (12 en la Policía, 11 en las Fuerzas Armadas y 9 en la Guardia Civil), según una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta de varios diputados del PP.
El número de pensiones pertenecientes a Clases Pasivas en vigor a cierre del mes de marzo fue de 668.759, según datos de la Seguridad Social. La nómina mensual de estas pensiones ascendió ese mes a 1.216,3 millones de euros, un 4,7% más que en marzo del año pasado.
Ayer trascendió por agencias que el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020 de medidas laborales y fiscales, aprobado en abril de 2020, por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de clases pasivas del Estado en la Seguridad Social.
La sentencia, con ponencia del magistrado Andrés Ollero, se conocerá la próxima semana e incluye un voto particular.
El Gobierno justificó incluir este cambio en la alteración del calendario previsto por la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Argumentó que el traspaso requería unos cambios normativos que no podían ser aprobados mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, porque el retraso en el tiempo que ello implicaría generaría «inseguridad jurídica e incertidumbre» en una materia, las pensiones, «particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía».
El PP recurrió ante el TC al no ver acreditada la «extraordinaria y urgente necesidad» de las disposiciones que introdujeron cambios para integrar de forma definitiva este Régimen en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En concreto, impugnó las disposiciones adicionales sexta, que adaptaba la normativa de la legislación sobre el Régimen de Clases Pasivas, y séptima, relativa a la financiación estatal de los gastos imputables a su gestión; la disposición transitoria segunda, que concreta el procedimiento a seguir para la elección de una mutua, y prevé el criterio a aplicar en caso de que no se ejerza el derecho de opción en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma; así como la disposición final primera, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
«El TC concluye que el Gobierno hizo un mal uso del Real-decreto, ya que el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad», ha destacado CSIF tras conocer lo que ha trascendido por agencias.
«Sin conocer el contenido íntegro de la sentencia, desde CSIF valoramos positivamente esta resolución que ayer se anticipó a través de los medios de comunicación y que confirma, en principio, los argumentos que siempre habíamos defendido: Que no se podía utilizar un Real Decreto-ley, que requiere de la extraordinaria y urgente necesidad, para hacer un traspaso de la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social, modificando de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo», señala Francisco Lama.
«Durante el confinamiento domiciliario, el Ejecutivo aprobó de extranjis, con nocturnidad y sin debate previo este traspaso», subraya Lama.
CSIF solicitó entonces a los grupos parlamentarios que presentasen recurso de inconstitucionalidad contra dicho Real Decreto-ley, y reclamí que el mismo se tramitase como Proyecto de Ley, como finalmente ha ocurrido, por lo que admite enmiendas.
CSIF trasladó a los Grupos Parlamentarios unas enmiendas de supresión de ese cambio, «para mantener los derechos adquiridos y evitar este traspaso de competencias».
Este sindicato también solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y, según afirma, «en su contestación generó más dudas». «Nos dijo que si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas más adelante”, explica Lama, e informa que esta situación generó «una gran incertidumbre» en el colectivo de funcionarios, y ha provocado esta oleada de jubilaciones anticipadas.
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