Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
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Función Pública, CCOO, UGT y CSIF han analizado hoy los instrumentos para establecer los criterios para el desarrollo de la nueva ley sobre temporalidad.
Considera que el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe ejercer el liderazgo para evitar que las comunidades no sigan lo aprobado por la ley.
Frente a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en defensa de las condiciones laborales "empeoradas por la pandemia" y "la amenaza sobre el futuro de las pensiones".
Como establece el artículo 7 del Real Decreto 462/2002 y que la Administración General había dejado en suspenso por la crisis económica.
"Al igual que el resto del personal de Justicia del Terroritorio Ministerio", señala.
Denuncian que los representantes del Ministerio de Justicia "siguen sin reconocer el acuerdo del 14 de septiembre" y han realizado una propuesta "insuficiente" sobre el complemento específico, muy lejana de lo acordado en aquella fecha.
Denuncia que se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución "por la falta de recursos humanos y materiales de los tribunales".
Se ven afectadas 15.000 personas, que iban a ver complementadas sus nóminas con una cantidad de entre 80 y 195 euros, en función de las categorías.
Anuncian movilizaciones y pedirán al presidente del Gobierno que restituya el contenido del acuerdo que se había cerrado el 14 de septiembre con el Ministerio de Justicia.
"La tramitación de los Presupuestos debe impulsar la recuperación económica de sus retribuciones y corregir la merma retributiva a la que se han visto sometidos en los últimos años", señala este sindicato.