«Victoria» de los funcionarios de prisiones ante una reivindicación histórica del sector: ser reconocidos como agentes de autoridad. Una modificación que arranca ahora, después de que PP, PSOE y PNV hayan alcanzado un acuerdo en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
Plagas de ratas, de chinches. Agresiones y lesiones de forma continuada. Intentos de homicidio. Y sin respaldo institucional.
Esta es la realidad que, día tras día, enfrentan los funcionarios de prisiones en España en su jornada laboral. Ello, mientras que muchas de sus solicitudes, como la necesidad de un médico en el centro penitenciario o una mejor iluminación, parecen pasar desapercibidas.
Reclamaciones históricas entre las que primaba una: la petición de que estos funcionarios fuesen reconocidos como agentes de la autoridad. Es decir, funcionarios públicos con poder para ejecutar decisiones, con presunción de veracidad, y una protección penal reforzada.
Algo que, tras años de lucha, parecen estar un poco más cerca de conseguir.
Así, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, y tras la propuesta socialista, PSOE, PP y PNV han llegado a un acuerdo para reconocer a estos funcionarios como agentes de la autoridad, reformando así la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
El cambio para los funcionarios de prisiones
«Este reconocimiento es una victoria para CSIF, tras años reivindicando que los trabajadores de prisiones ostenten la condición de agentes de autoridad», celebran desde el sindicato de prisiones.
Una modificación que supondrá que estos funcionarios puedan «equipararse» como agentes de autoridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Así, entre los puntos clave de esta reforma, se encuentra que estos funcionarios de los centros penitenciarios podrán gozar de presunción de veracidad.
Es decir, que sus informes y declaraciones tendrán «relevancia probatoria directa» en los procedimientos disciplinarios.
Del mismo modo, gozarán de protección jurídica reforzada, endureciéndose así las penas ante las agresiones que puedan sufrir en el ejercicio de su trabajo. Del mismo modo, esto también conllevarán indemnizaciones y asistencia del Estado ante estas posibles lesiones o daños personales o materiales.
Un riesgo en el día a día penitenciario
Un blindaje que aún no es una realidad, dado que el acuerdo deberá ratificarse en el Congreso de los Diputados. Pero que sí supone un punto de inflexión para estos funcionarios de prisiones, que cada vez sufren más agresiones e inseguridad en su día a día en los centros penitenciarios.
Algo que CSIF sigue denunciando día tras día, ante el silencio de las administraciones.
Así pues, pese a las muchas críticas de inseguridad por parte del sector, el pasado 23 de abril se registraron hasta cinco agresiones de reclusos a funcionarios de prisiones en diferentes cárceles españolas.
Unos hechos que no son aislados, ya que los sindicatos aseguran que, en los últimos tres años, se han producido más de 1.500 agresiones a estos funcionarios. Un «incremento de violencia en los centros» ante los que no ha habido respuesta institucional.
Un «deterioro» de las condiciones en los centros penitenciarios que no sólo provoca riesgos en cuanto a las agresiones de los reclusos, sino también por las condiciones de los centros.
Chinches, ratas, enfermedades y reclusos con necesidades especiales, pero sin médicos en el centro penitenciario. Riesgos que sufren en silencio estos funcionarios que, ahora, ven el primer paso para verse blindados jurídica y económicamente.
