Según el sindicato, esta pérdida acumulada de efectivos amenaza con convertirse en un problema estructural si no se adoptan medidas inmediatas, especialmente cuando más del 21 % de la plantilla —unas 50.900 personas— tiene más de 60 años y, por tanto, está en edad de jubilación.
El Gobierno admite que ha perdido más de 20.000 empleos en la Administración del Estado en la última década, según CSIF
|
26/5/2025 14:14
|
Actualizado: 26/5/2025 14:14
|
El Ministerio de Función Pública ha reconocido ante los sindicatos que en los últimos diez años se ha producido una pérdida neta de 20.046 empleos en la Administración General del Estado (AGE), una cifra que, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), refleja el impacto directo de la política de limitación de plazas a través de la tasa de reposición.
Así lo ha revelado CSIF en un comunicado, tras los primeros contactos mantenidos con el departamento que dirige Óscar López para comenzar a diseñar la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025. Según el sindicato, esta pérdida acumulada de efectivos amenaza con convertirse en un problema estructural si no se adoptan medidas inmediatas, especialmente cuando más del 21 % de la plantilla —unas 50.900 personas— tiene más de 60 años y, por tanto, está en edad de jubilación.
En palabras de los portavoces sindicales, “si no se eliminan ya las restricciones a la creación de plazas, el colapso en determinados servicios públicos será inevitable”. Señalan a organismos clave como el SEPE, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, donde las cargas de trabajo son cada vez más insostenibles.
La tasa de reposición, en el centro del conflicto
La tasa de reposición —un mecanismo que limita el número de plazas que pueden convocarse en función de las bajas— ha sido el blanco principal de las críticas del sindicato. Pese a los compromisos previos del Ejecutivo de eliminarla, Función Pública mantiene este instrumento en la fase actual de diseño de la OEP de 2025, lo que ha generado un profundo malestar sindical.
CSIF exige su supresión inmediata, así como la recuperación de los puestos amortizados en los últimos años y un refuerzo real de las plantillas para garantizar la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.
Según alertan, la persistencia de esta política está forzando la contratación masiva de interinos, perpetuando una temporalidad estructural que se sitúa en el 30 %, en abierto incumplimiento del límite del 8 % fijado por la Comisión Europea y la Ley de Estabilidad.
Contraste con los datos de 2024
Función Pública ha reconocido, no obstante, que en 2024 —gracias a la mayor OEP de la historia, con más de 40.000 plazas— se logró invertir la tendencia: las nuevas incorporaciones casi duplicaron las bajas y la edad media del personal descendió de 51 a 49 años.
El 42 % de los empleados públicos ya tiene menos de 50 años y uno de cada cuatro, menos de 40. CSIF reconoce este avance, pero considera que se trata de un hecho puntual que no corrige el déficit acumulado ni prepara la Administración para el relevo generacional inminente.
Nueva reordenación de la AGE
Paralelamente, el Gobierno ha iniciado un proceso de reforma estructural en la AGE con el objetivo de reorganizar los recursos humanos en torno a “áreas funcionales” —como acción exterior, normativa, comunicación, contratación, justicia, administración digital o seguridad nacional— frente al modelo actual basado en departamentos. La intención es simplificar la estructura de puestos de trabajo, mejorar la eficiencia y adaptar la Administración a los retos actuales.
Para CSIF, sin embargo, esta reforma no puede servir de excusa para amortizar más plazas ni precarizar el empleo público. Reclama que toda transformación vaya acompañada de un plan de recursos humanos sólido, que incluya un análisis real de las necesidades, un desarrollo de la evaluación del desempeño, carrera profesional, movilidad voluntaria, teletrabajo, jubilación parcial anticipada y la equiparación salarial con el resto de administraciones públicas.
Asimismo, el sindicato ha exigido retomar de inmediato las negociaciones del V Convenio Único del personal laboral de la AGE y desbloquear la subida salarial para 2025, otra de las asignaturas pendientes del Ejecutivo.
Un primer trimestre negro para el empleo público
El contexto general no es más alentador. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), las administraciones públicas —incluyendo comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos— han perdido en el primer trimestre de 2025 un total de 92.100 empleos, más del doble de la oferta de plazas del año pasado en la AGE.
Este retroceso se explica, en gran parte, por el envejecimiento generalizado de las plantillas y la falta de planificación para reemplazar al personal jubilado.
CSIF: “La reforma debe ir ligada a la inversión en personas”
“La Administración no puede permitirse perder más capital humano”, ha advertido CSIF, que exige que cualquier plan de reforma estructural vaya de la mano de una verdadera inversión en personas. “No basta con redibujar organigramas; hace falta garantizar que haya profesionales suficientes para sostener el Estado del Bienestar”, han subrayado.
En definitiva, el sindicato reclama al Gobierno que deje atrás las promesas y actúe con determinación para blindar los servicios públicos y ofrecer condiciones dignas a quienes los prestan.
La Oferta de Empleo Público de 2025 será, advierten, una prueba de fuego.
Noticias Relacionadas:
