El Ministerio Fiscal español carece de un modelo moderno de planificación de recursos humanos.
Es la conclusión central de un documento de análisis elaborado por la Asociación de Fiscales (AF), en el que la organización radiografía con datos una situación que califica expresamente de «preocupante»: plantillas envejecidas, cargas de trabajo desiguales y desproporcionadas, nuevas promociones atrapadas en la llamada expectativa de destino —una suerte de limbo funcionarial en el que el fiscal supera la oposición pero no tiene plaza donde ejercer— y ninguna estrategia definida para afrontar la avalancha de jubilaciones que se aproxima.
El diagnóstico, en palabras de la propia asociación, no admite matices. «El Ministerio Fiscal carece de una planificación moderna y eficiente de sus propios recursos humanos», concluye el texto. Rotundo.
Un criterio caduco que ya nadie defiende
Durante décadas, el número de plazas convocadas en las oposiciones a fiscal se ha determinado por la llamada tasa de reposición: por cada funcionario que sale —por jubilación, fallecimiento o renuncia— entra uno nuevo. Simple sobre el papel. Ineficaz en la práctica.
El propio Ministerio de Transformación Digital y Función Pública reconoció el problema. El 31 de enero de 2024 anunció la eliminación de ese criterio a partir de 2025, a la vista de los «importantes desajustes entre las necesidades de oferta y demanda» que venía generando.
Un paso necesario. Insuficiente, según la Asociación de Fiscales, si no va acompañado de una respuesta clara a la pregunta que nadie ha contestado todavía: ¿y qué criterios se aplican en su lugar?
Porque la AF advierte que ese anuncio «es insuficiente si no conocemos cuáles son los criterios que se van a aplicar para una planificación eficiente de recursos humanos en la institución que atienda a las peculiaridades y necesidades de la misma».
Los números no mienten
La Asociación de Fiscales ha cruzado los datos del último escalafón de la carrera con las proyecciones de jubilaciones para la próxima década.
El resultado es inquietante. En los próximos diez años, un número significativo de fiscales cumplirá 70 años —la edad de jubilación forzosa— y el ritmo actual de incorporaciones no cubrirá esas bajas.
La convocatoria vigente es de 80 plazas. Pero la media real de fiscales incorporados en los últimos tres años ha sido de 77 por año —siempre quedan plazas desiertas—, y esa cifra, advierte la nota, «no cumpliría siquiera con la tasa de reposición».
Una brecha que se ensancha cada año. Y ello, precisa el documento, «sin perjuicio de las jubilaciones anticipadas o ceses por cualquier otra causa que pudieran darse en los próximos años».
El elefante en la sala: la investigación penal
Hay además una variable que lo complica todo y que la Asociación sitúa como punto de partida inexcusable de cualquier planificación futura: la posible atribución al Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación penal.
El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación parlamentaria, contempla ese trasvase de funciones.
Si se aprueba, la institución necesitaría una estructura radicalmente diferente. Más fiscales. Muchos más. Con perfiles distintos. Y un modelo organizativo que hoy sencillamente no existe.
La AF es explícita al respecto: «Cualquier plan de recursos humanos que se efectúe a medio o largo plazo debe partir de conocer cuál es la real vocación de atribución de la fase de investigación al Fiscal y en qué plazos y condiciones, a fin de adaptar las plazas que se creen y oferten en sucesivas oposiciones a las reales necesidades que esta situación generaría para la institución».
Frente a esa perspectiva, el anuncio gubernamental de crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales es descrito en el documento como una medida que «no parece avanzar en este sentido, contribuyendo sin embargo a aumentar la desproporción entre ambas plantillas que desde hace años se viene intentando paliar».
Lo que falta: criterios, no cifras
La propuesta de la Asociación de Fiscales no se limita a denunciar. Plantea los ejes concretos que debería tener ese nuevo modelo de planificación.
El primero, la carga de trabajo real. La nota exige «un estudio real de la carga de trabajo por Fiscalías basado en criterios objetivos»: ratio de fiscales por población, número de asuntos por fiscal y tiempo medio de tramitación de procedimientos.
No basta, subraya el documento, con una distribución de efectivos basada en «mera equidad entre territorios». Algunas fiscalías llevan años al límite.
Los datos existen. No se usan.
El segundo eje, la previsión a largo plazo. Una planificación que ignore las jubilaciones previstas a diez años vista no es planificación: es improvisación con formulario.
El tercer eje, la capacidad de absorción del sistema, para evitar que la expectativa de destino —que debería ser excepcional— continúe siendo, como ahora, estructural.
Y el cuarto, la flexibilidad ante cambios legislativos y sociales. Un sistema rígido, basado en una fórmula matemática simple, no puede responder a esa complejidad.
Las cinco claves del nuevo modelo que reclama la asociación
La Asociación de Fiscales concreta su propuesta en cinco criterios que, a su juicio, debería combinar el nuevo modelo de planificación: la tasa de reposición corregida con una previsión a largo plazo de jubilaciones; la carga de trabajo efectiva por fiscal y por especialidad; ratios territoriales ajustados a densidad de población y litigiosidad; capacidad real de formación y absorción de nuevos funcionarios para evitar situaciones de expectativa de destino; y evaluación periódica con ajuste estratégico ante cambios legislativos y sociales.
La organización sostiene que solo ese enfoque «permitirá convocar plazas de forma más racional, eficiente y justa, anticipando déficits y evitando la sobrecarga en determinados servicios o territorios».
El documento no precisa, sin embargo, qué organismo debería ser el responsable de elaborar y ejecutar esa planificación, ni en qué plazo considera la asociación que debería estar operativa.
