El Consejo de Ministros aprobará próximamente un Real Decreto que amplía en 200 plazas la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, según el borrador del texto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.
La medida elevará el total de efectivos de la Carrera Fiscal a 3.004, distribuidos en tres categorías: 31 fiscales de sala de primera categoría, 2.546 de segunda y 427 de tercera.
La norma responde, según expone su preámbulo, a las necesidades derivadas del proyecto de Real Decreto de creación de 500 nuevas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026, que obligará al Ministerio Fiscal a reforzar su presencia en secciones de instrucción, penal, civil, y de familia, infancia y capacidad de los Tribunales de Instancia en todo el territorio nacional.
Una nueva fiscalía de sala para protección de datos
La plaza más relevante entre las creadas es la única de primera categoría: un Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos. Su creación responde al mandato del artículo 20.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la figura de fiscales de sala especialistas cuando el Gobierno aprecie la necesidad, previo informe del Consejo Fiscal.
Esta nueva fiscalía de sala contará además con un fiscal adscrito de segunda categoría.
El resto de plazas de la Fiscalía General del Estado refuerzan unidades ya existentes: dos plazas más para la Inspección Fiscal, una adscrita al Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, otra para Trata de Personas y Extranjería, una para Delitos de Odio y Discriminación, dos para Criminalidad Informática y dos para Cooperación Penal Internacional.
Seis plazas para violencia de género en los nuevos Tribunales de Instancia
El decreto creará seis plazas de fiscal especializado en violencia sobre la mujer vinculadas a las nuevas secciones de los Tribunales de Instancia.
Los destinos son Lugo, Pontevedra, Inca, Lorca, Santa Cruz de Tenerife y Badalona, en aplicación del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, que exige un fiscal especializado por cada plaza judicial de esta naturaleza que se constituya.
Madrid y Cataluña, los grandes receptores
La distribución territorial de las 199 plazas de segunda categoría restantes refleja el peso demográfico y la carga de trabajo de cada fiscalía.
Madrid es el territorio que recibe más efectivos: 20 para la Fiscalía Provincial, 4 para el Área de Alcalá de Henares, 4 para Getafe-Leganés, 3 para Móstoles y 1 para la sección territorial de Alcobendas.
Cataluña acumula también un volumen significativo. La Fiscalía Provincial de Barcelona recibe 12 plazas, con refuerzos adicionales para Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa-Igualada-Vic, Sabadell, Sant Feliú de Llobregat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú-Gavà-Vilafranca del Penedès, Mataró-Arenys de Mar, El Prat, Girona, Figueres, Olot, Lleida, Tarragona, Reus y El Vendrell.
Andalucía recibe el mayor número de plazas en términos absolutos por la amplitud de su territorio y la densidad de sus fiscalías.
Destacan los refuerzos en Málaga —6 plazas para la provincial más varias secciones territoriales de la Costa del Sol—, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería, con plazas también para las fiscalías de área de Algeciras, Jerez de la Frontera, Marbella, Dos Hermanas y los enclaves de Ceuta y Melilla.
Canarias recibe 7 nuevas plazas repartidas entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; la Comunitat Valenciana, 15 entre Valencia, Alicante, Castellón y sus fiscalías de área; el País Vasco, 4 entre Bizkaia, Álava y Gipuzkoa; y Galicia, 7 distribuidas entre A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.
Refuerzo en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga
El decreto no se limita a las fiscalías territoriales. La Fiscalía del Tribunal Supremo —Sección Penal— recibe 2 plazas adicionales; la Fiscalía de la Audiencia Nacional, otras 2; y la Fiscalía Especial Antidroga, 3 nuevas plazas de segunda categoría.
Marco normativo y derogación parcial
La norma deroga el artículo 8 y el anexo II del Real Decreto 422/2025, de 3 de junio —que creó en su momento cuarenta y dos plazas vinculadas a secciones de violencia sobre la mujer—, integrando su contenido en el nuevo texto para refundir la regulación de la plantilla.
El decreto se ampara en el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia, y entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
