Gómez de Liaño acudirá al Constitucional y a Estrasburgo para desbloquear los fondos de Bárcenas

En un escrito, orsentado este martes, los abogados de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño y Dolores Márquez de Prado, rechazan que su cliente tenga «un elevado patrimonio oculto que le habría permitido continuar costeando sus diversos gastos», como sostiene Ruz, y señalan que la medida del juez «atenta frontalmente contra el derecho de defensa real y efectivo a ser asistido por un abogado de su elección».

«Antes de plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional era obligado agotar la vía judicial ordinaria, e incluso la interna, al ser ésta paso previo e ineludible si hubiera que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», apunta el recurso de la defensa de Bárcenas, presentado en reforma ante el propio juez instructor y en apelación ante la Sala de lo Penal.

En este contexto, los abogados del ex tesorero del PP lamentan que a un imputado «aún inocente» se le prive de «la posibilidad de disponer de cantidad alguna para atender los gastos» que le supone su representación letrada, al tiempo que señalan que la premisa del «patrimonio oculto» esgrimida por el juez es «endeble» y «no rebasa la mera conjetura o sospecha».

«origen presuntamente ilícito del patrimonio»

Ruz rechazó «la liberación de fondos» que Bárcenas solicitó el pasado 29 de julio utilizando los mismos argumentos que empleó para resolver peticiones similares de otros imputados, como el presunto cabecilla de la ‘trama Gürtel’, Francisco Correa.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, Ruz sostenía que «el origen presuntamente ilícito del patrimonio» de Bárcenas, que alcanzó los 48,1 millones de euros en enero de 2008, justifica su «comiso» y que, en todo caso, «el pago de los gastos de defensa habría de llevarse a cabo una vez satisfechas, entre otros importes, las responsabilidades civiles en que pudieran haber incurrido» los imputados. En su caso, el extesorero se enfrentaría en el juicio oral al eventual pago de una indemnización de 43,2 millones de euros.

En su resolución el juez instructor recordaba que está «indiciariamente acreditado» en la investigación que Bárcenas depositó en varios bancos suizos fondos que procederían «tanto de cobros indebidos vinculados a adjudicaciones públicas y, en consideración particular a su cargo de senador, como de presuntas apropiaciones de fondos del Partido Popular cuya administración tenía encomendada». (EP)