La UE suscribe un acuerdo de cooperación con Costa Rica, México y Colombia para impulsar la justicia restaurativa
La magistrada costarricense, Doris Arias, los presidentes de los poderes judiciales de México y Costa Rica, Sergio Javier Medina, y Jesús Ramírez Quirós y el embajador de la UE en Costa Rica, el español Pelayo Castro Zuzuarregui, con el acuerdo firmado.

La UE suscribe un acuerdo de cooperación con Costa Rica, México y Colombia para impulsar la justicia restaurativa

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02/3/2017 05:59
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Actualizado: 01/3/2017 21:27
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La Unión Europea (UE) ha suscrito un acuerdo por valor de 722.000 euros con los poderes judiciales de Costa Rica, México y Colombia con el objetivo concreto de fortalecer e impulsar los programas de justicia restaurativa en esos tres países.

«Con esta iniciativa la UE pone en marcha el primer proyecto de cooperación triangular en Costa Rica junto a socios latinoamericanos, en este caso, Colombia y México. Unimos dos objetivos fundamentales de la UE: la justicia y la protección de los derechos humanos. La justicia restaurativa es un modelo alternativo que favorece la cohesión social y contribuye a resolver conflictos penales con soluciones integrales y mayor eficiencia y humanización en el tratamiento del delito», afirmó el embajador de la UE en Costa Rica, el español Pelayo Castro Zuzuarregui.

El acto de firma formal se llevó a cabo el 28 de febrero pasado en el Salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en su capital, San José, y contó con la asistencia, del presidente en funciones del alto tribunal costarricense, Jesús Ramírez Quirós, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Sergio Javier Medina, y la magistrada de la Corte Suprema costarricense, Doris Arias, el auténtico motor que ha hecho posible este acuerdo y una de las grandes especialistas iberoamericanas en este campo. Además del embajador.

La presidenta de la Corte Suprema de Colombia, Margarita Cabello Blanco, no pudo estar presente en la ceremonia de firma, pero lo suscribió igualmente.

El programa de justicia restaurativa implementado en Costa Rica en los últimos cinco años ha cosechado grandes éxitos y es el espejo en el que se quiere mirar este nuevo proyecto.

Costa Rica, el país más avanzado de Iberoamérica en Justicia Restaurativa

«Con nuestro programa de justicia restaurativa hemos conseguido forjar en Costa Rica una alianza público-privada que genera cohesión social, y que favorece el diálogo interinstitucional y con la comunidad, con más de 1200 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que integran la redes de apoyo», explicó la magistrada Arias.

«Se ha favorecido la reinserción de las personas ofensoras, quienes crean un sentido de pertenencia a la comunidad, sumando más de 100.000 horas de servicio comunitario y más de 20.000 horas socioeducativas. El problema nacional de la comisión de delitos asociados a la droga ha sido abordado con más de 500 horas terapéuticas y un aproximado de 100 personas atendidas», añadió.

«La exigencia de la sociedad actual a la administración de justicia está centrada en una mayor eficiencia y celeridad en la forma de resolver los conflictos, demandan que no exista impunidad, que sus pretensiones sean resueltas en un tiempo razonable y que se les reparen los daños causados”, agregó.

Desde su experiencia, esos objetivos se cumplen mejor mediante procesos de diálogo entre las partes, que tienen una duración promedio de un mes, resultan un 95 por ciento más economices que los juicios penales ordinarios y son más satisfactorios para un 97 por ciento de usuarios.

Por eso, este programa auspiciados por la UE tomará como base la experiencia costarricense y la combinará con las mejores prácticas de México y Colombia.

Y se tendrá muy en cuenta las de Europa en lo que a las bandas juveniles y su interacción con el crimen organizado se refiere.

Parar las carreras delictivas de los más jóvenes

«Tenemos que atender a esta población y parar a tiempo, las incipientes carreras delictivas. Frente a las trágicas cifras de impunidad en las leyes de penalización de la violencia de género, y en delitos de menor gravedad (está excluido el feminicidio) como son los incumplimientos de las medidas de protección, fraude de simulación, maltrato y otros, aplicaremos nuevas formas de atención, centradas en el empoderamiento de las víctimas, las redes de apoyo para éstas, la reparación de daños, las terapias a los ofensores», agregó la magistrada Arias.

El presidente del poder judicial mexicano, Medina, señaló, por su parte, que  “este proyecto es un puente que une el esfuerzo y el talento de tres países” en el desarrollo de un sistema de justicia más eficiente.

“Aspiramos al cambio de mentalidad como factor de cambio social en nuestro países, que los jueces dejen de mirar en los procesos únicamente el castigo”, apuntó.

El proyecto financiado por la UE se centrará en la atención de la población juvenil en riesgo, con el fin de prevenir su vinculación a bandas delictivas y el desarrollo de carreras criminales.

También servirá para dar alternativas ante “las trágicas cifras de impunidad en las leyes de penalización de la violencia de género” y dará atención “a las poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad”, concluyó Arias.

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