Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Suprema del Uruguay, país que ha asumido la Secretaría Permanente que, durante los últimos 19 años ostentó España, durante su intervención ante la XVIII Asamblea, en cuyo marco reconoció que la tipificación del "femicidio" era desigual en los 23 países que conforman esta organización. Poder Judicial Paraguay.
Los 23 poderes judiciales iberoamericanos aprueban por unanimidad la creación de un Registro de Femicidios
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17/4/2016 05:57
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Actualizado: 16/4/2016 23:34
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La XVIII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada entre el 13 y el 15 de abril en Asunción, Paraguay, aprobó por unanimidad la creación de un Registro Iberoamericano de Femicidios para cuantificar su incidencia y con el fin de que sirva de base para el diseño de políticas públicas de prevención.
También para mostrar el compromiso de los 23 poderes judiciales que forman esta organización -entre los que se encuentra España, Portugal y Andorra- con la defensa de los derechos de las mujeres.
La propuesta de la creación del Registro partió de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Elena Highton de Nolasco, quien consideró que sería muy interesante ampliar la experiencia argentina del Registro Nacional de Femicidios que permita diseñar un mapa regional de este tipo de crímenes.
Sin embargo, dicho Registro presenta un problema de base ya que no todos los países que conforman Cumbre reconocen, en sus respectivos códigos penales, la figura penal del «femicidio», un crimen calificado como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo que dispone un tratamiento judicial y unas penas específicas en aquellos códigos penales que han decidido adoptarlo.
España es uno de ellos; no existe el «femicidio» en nuestro Código Penal.
Su introducción, de hecho, es aún un tema polémico en algunos países iberoamericanos, según reconoció Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, país que asumió la Secretaría Permanente que, desde hacía 19 años, ostentaba España.
“Existe una discusión acerca de si conviene legislar acerca del femicidio, de si es un delito autónomo o un agravante del homicidio”, expuso Pérez Manrique a los periodistas.
Destacó además que, mientras que hay países iberoamericanos que ya han incorporado esta figura penal, otros están avanzando en el proceso, mientras que muchos otros “aún no han iniciado la reforma”.
ALGUNOS PAÍSES YA HAN TIPIFICADO EL «FEMICIDIO»
De acuerdo con ONU Mujeres, desde 2007, varios países iberoamericanos empezaron a tipificar el femicidio y lo incluyeron en leyes especiales para proteger a las mujeres; otros hicieron reformas legislativas para incluir ese delito en sus códigos penales.
En Bolivia, por ejemplo, el femicidio se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto; en Panamá, las penas van de los 25 hasta los 30 años de cárcel; en Nicaragua y Perú el delito está tipificado con penas de prisión de 15 a 20 años; Guatemala, México y Colombia lo castigan con cárcel entre 30 y 60 años; y con prisión perpetua en Chile y Argentina, según datos de Naciones Unidas.
Paraguay tiene aún pendiente reglamentar su reciente ley de protección integral contra la violencia de género, promulgada a fines de 2015.
Chile, por su parte, tipificó el femicidio en 2010 con la Ley número 20.480, y es hoy el país de América Latina y el Caribe con menor tasa de este tipo de crímenes por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, la consideración por un tribunal chileno de la “infidelidad” como un atenuante de las penas en los casos de asesinato de mujeres por razón de género ha provocado una oleada de protestas últimamente.
La titular de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Zarela Villanueva -presidenta de la Corte Suprema de Costa Rita-, pidió a los países que forman cumbre que unifiquen sus estadísticas sobre violencia machista para “comprender la magnitud real del problema”.
En esta XVIII Asamblea de Cumbre la incorporación del enfoque de igualdad de género, tanto en la gestión interna de Cumbre como en el funcionamiento de los sistemas judiciales de los países miembros, se convirtió en uno de los ejes de discusión.
La transversalización del enfoque de género es uno de los compromisos del programa de Uruguay en los cuatro años que durará su gestión en la Secretaría Permanente de la Cumbre.
Sin embargo, Pérez Manrique admitió que los avances en la igualdad de género son desiguales en los diferentes países latinoamericanos, y algunos temas continúan resultando polémicos.
Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que articula la cooperación y concertación entre los poderes judiciales de los 23 países de la comunidad iberoamericana de naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales iberoamericanos. Reúne en su seno a los presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.
El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la “adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”.
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