El fiscal general anuncia un proyecto para potenciar el papel de los fiscales en la investigación de los delitos
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, anunció que va a poner en marcha un proyecto para potenciar el papel de los fiscales en la investigación de los delitos para el que ya cuenta con la colaboración y el compromiso de los ministerios de Justicia y de Interior y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia.
Torres Dulce hizo esta revelación durante el discurso en el Acto de Apertura de Tribunales que fue presidido por primera vez por Felipe VI como Rey.
“La Fiscalía General del Estado considera oportuno potenciar la actividad investigadora del Fiscal dentro del vigente marco legal”, dijo Torres Dulce, quien se lamentó de que se haya dejado aparcada la propuesta de futura ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se contemplaba la transferencia de esta capacidad de los jueces de instrucción a los fiscales. Siguiendo el modelo imperante en el resto de los países de nuestro entorno.
“Una de las iniciativas que hemos adoptado desde la Fiscalía General del Estado plantea la creación de equipos de investigación. Se trataría de constituir, en el seno de las Fiscalías más importantes, Unidades de Investigación integradas por fiscales especializados y asistidas por unidades adscritas de policías y expertos en materias contables, fiscales y otras ramas de pericia técnica”.
La propuesta del fiscal general supone iniciar la implantación paulatina de los fiscales investigadores, o «fiscales de instrucción», siguiendo la senda de otras iniciativas muy positivas que ya han dado sus frutos. “Nos anima el excelente resultado que obtenemos de la actividad de las unidades de policía judicial y de peritos actualmente adscritas a las Fiscalías, singularmente en el ámbito de las Fiscalías Especiales Antidroga, contra la corrupción y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, dijo en su discurso.
Torres Dulce fue particularmente crítico con el sistema judicial penal: “El impacto de las dilaciones en el rendimiento de las finalidades del proceso penal es bien conocido: la eficacia de la acción penal decae, las pruebas se debilitan o dispersan y las oficinas se congestionan con el aluvión de expedientes inconclusos que acrecen las nuevas incoaciones”.
El fiscal general indicó, asimismo, que le preocupaban los tiempos de respuesta procesal. Porque entre la apertura del procedimiento y el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal transcurren una media de 1 año y 28 días si es por el procedimiento abreviado; 1 año, 11 meses y 23 días (casi dos años) si por el procedimiento del sumario; y 1 año y 6 meses por el procedimiento del jurado.
Pero ahí no acaba todo porque entre el mencionado escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal y el señalamiento del juicio oral transcurren 1 año, 5 meses y 17 días en el caso del procedimiento abreviado; 8 meses y 10 días en el del sumario; y 10 meses y 22 días en el del jurado.
Una vez que se dicta sentencia, el tiempo medio de resolución de los recursos es de casi 6 meses (180 días).
Es decir, que la duración de un procedimiento abreviado en España, desde que el minuto uno hasta que se produce la sentencia de apelación (no entran aquí los tiempos de la casación) es de 3 años y 15 días; en el del sumario el tiempo transcurrido es de 2 años 8 meses y 10 días; y en el del jurado 2 años, 10 meses y 22 días.
