El Supremo alerta del uso abusivo de las peticiones de indulto para evitar la prisión
La sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo advierte de que «en los últimos años» se viene percibiendo un incremento de las peticiones de indulto por condenados por hechos de especial gravedad acompañadas de solicitud de suspensión de la ejecución de las condenas que, a juicio de estos fiscales, suponen un «injustificado retraso» en el cumplimiento estas sentencias.
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado, relativa a 2013, se señala que los fiscales de lo Penal del Supremo advierten de un «uso abusivo del derecho de gracia» en determinados casos en los que las que las posibilidades de prosperar del indulto «son más bien escasas».
Por ello proponen a la Fiscalía General del Estado que propugne una previsión legal específica para dotar a los informes que los fiscales tienen que emitir sobre si debe suspenderse o no la pena de un condenado que ha pedido el indulto «del deseable marco legal y de la necesaria seguridad jurídica».
Aunque la Memoria se refiere a 2013 y no señala ningún dato concreto, el problema que subrayan los fiscales del Supremo aparece recurrentemente en titulares periodísticos en relación con señalados casos de corrupción política como el del e xpresidente del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o el del ex presidente balear Jaume Matas, quien también había solicitado la suspensión de su condena a nueve meses de cárcel tras el primer juicio por el «caso Palma Arena» mientras se estudiaba su petición de indulto. Un indulto que fue rechazado, el pasado 11 de julio por el Consejo de Ministros, y Matas tuvo que entrar en prisión.
En la misma sesión, el Ejecutivo rechazó igualmente otros indultos como el solicitado por el que fuera de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, condenado por prevaricación, por las escuchas del ‘caso Gürtel’ a abogados en prisión; así como la de gracia solicitada por el del dirigente de Nuevas Generaciones del PP madrileño Angel Carromero, condenado por el Tribunal Provincial Popular de Granma (Cuba) el a 4 años de privación de libertad por el homicidio en accidente de tráfico de los disidentes Oswaldo Paya y Harold Cepero.
Otro caso muy mediático en el que tampoco se dio luz verde a la medida de gracia solicitada el torero José María Ortega Cano, condenado a dos años, seis meses y un día de prisión por conducción temeraria y homicidio por imprudencia grave. En todos estos casos la Fiscalía había informado en contra de la concesión de la medida de gracia. (Redacción/agencias)
