El TSJ de Madrid ordena la excarcelación de siete supuestos sicarios tras anular el juicio por el que fueron condenados
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un fuerte varapalo al magistrado Eduardo Cruz Torres al anular una sentencia suya que supone la puesta en libertad inmediata de siete supuestos sicarios a los que había condenado en enero por el asesinato del abogado Alfonso Díaz Moñux en 2008.
Esta Sala, compuesta por el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, y los magistrados Susana Polo y Jesús María Santos, y tras una intensa mañana de deliberaciones, ordenó la repetición del juicio con jurado con un nuevo magistrado presidente distinto de Cruz Torres.
Jonny Alexander Echeverri, Fernando González, Javier González, Francisco González, John Edwards Montoya, Ibrahim Arteaga y Miguel Ángel Durán están obligados a presentarse ante la Justicia los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces sean llamados ante la Sección 16 de la Audiencia Provincia hasta que se celebre el nuevo juicio. Estos no pueden seguir en prisión ya que se ha superado el tiempo máximo de prisión preventiva previsto en estos casos.
La Sala de lo Civil y Penal tomó la decisión de anular la sentencia a la vista de las “numerosas irregularidades” en la redacción del objeto del veredicto y por una clara ausencia de motivación del mismo, realizado por el magistrado Cruz Torres. Una sentencia que fue recurrida en apelación por todas las partes, empezando por el Ministerio Fiscal.
Los acusados fueron condenados el pasado mes de enero con penas de hasta 24 años de prisión por el crimen de Díaz Moñux, acaecido la tarde-noche del 18 de diciembre de 2008. El abogado, conocido por tener entre sus clientes a narcotraficantes y capos de la mafia rusa, fue asesinado a tiros cuando se disponía a entrar, con su coche, en el garaje de su domicilio. Los impactos se produjeron en la cabeza.
De acuerdo con fuentes policiales, el asesinato “fue una emboscada perfecta”. La investigación consiguiente duró 17 meses e implicó a nueve equipos diferentes de la Jefatura Superior de Madrid. El esfuerzo desplegado por el Cuerpo Nacional de Policía por atrapar a los supuestos responsables de la muerte del abogado fue considerable.
Este mismo tribunal, acordó, asimismo remitir el caso al Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrera, por si pudiera ser constitutivo de una infracción disciplinaria.
