Algo huele a podrido con la tarjetas opacas
Yolanda Rodríguez, directora adjunta de Confilegal.com
A medida que vamos teniendo más información sobre las tarjetas opacas, black o fantasmas de las que disfrutaron 86 altos cargos de Caja Madrid y Bankia no deja de sorprendernos la impunidad con la que operaban y con la que podían seguir operando.
Nada de esto hubiera salido a la luz sin los correos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y sin la gestión del actual equipo de Bankia (con su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, a la cabeza) que decidió tirar de la manta y remitir toda operación sospechosa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y éste directamente a la Fiscalía Anticorrupción.
Así, hemos ido sabiendo que estos directivos se gastaron la nada despreciable cantidad de 15,5 millones de euros entre el 2003 y el 2012. Y a tenor de datos, no lo hicieron en gastos de representación, no, lo suyo eran gastos personales y sin control. Décimos de loterías, joyas o viajes a Nueva York con estancias de lujo son algunos de los últimos detalles que hemos conocido sobre el uso fraudulento de tarjetas de crédito por parte de directivos y consejeros de la antigua Caja Madrid.
La indignación en la sociedad española, la indefensión frente a determinadas prácticas abusivas por parte de la cúpula de Caja Madrid ha provocado un enorme terremoto político que ya ha ocasionado 10 dimisiones o destituciones –que son pocas–. Sin embargo, lo que más irrita a la ciudadanía es saber que algunos directivos de estas entidades alegan desconocer que estas tarjetas carecían de control.
Seamos serios, a estas alturas nadie en su sano juicio puede pensar que estos señores, consejeros y directivos de una entidad financiera y, por tanto, a los que se les supone unos ciertos conocimientos de gestión empresarial, no sabían que lo que hacían con esas tarjetas era ilegal.
Ninguno de los 86 perceptores de las tarjetas opacas, aunque tres de ellos nunca las utilizaron, puede alegar ignorancia para exculparse por su uso fraudulento, aunque muchos lo han intentado. Por ejemplo, el presidente de la CEIM, Arturo Fernández, que es uno de los pocos que ha devuelto el dinero -37.000 euros-, asegura que «nunca» le dijeron que la tarjeta era irregular.
Más allá ha ido en sus declaraciones el hasta hace unos días director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, quien tras ser destituido por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguraba que si lo de las tarjetas de Caja Madrid es delito, habría que «encerrar a todos los directivos de España». Pablo Abejas gastó 246.700 euros desde 2006 a 2012 con tarjetas de crédito supuestamente opacas.
Es inconcebible que algunos de estos señores no supiera perfectamente que comprar ropa, décimos de lotería, joyas o pagar un viaje familiar era un desembolso ajeno a su actividad en la entidad financiera. Eso no se lo cree nadie. Como aseveraba el centinela Marcelo en Hamlet, de Shakespeare: “Algo huele a podrido en Dinamarca”. Desde entonces esa afirmación es el preludio de existencia de hechos ocultos censurables. Y, no hay nada más censurable que políticos, empresarios y sindicalistas se gasten el dinero de forma presuntamente ilegal.
La Agencia Tributaria ha iniciado los trámites para proceder de forma inmediata a una investigación sobre un posible delito fiscal completo por valor de 15,5 millones, que es la cantidad que gastaron 83 consejeros y ejecutivos entre 2003 y 2012 sin declarar a Hacienda. El hecho de participar en un delito completo de esta cuantía podría provocar, que esas personas se vieran afectadas, aunque las cantidades defraudadas por algunas de ellas fueran inferiores a los 120.000 euros.
Además, hay que ver si son o no retribuciones declaradas a Hacienda –aunque parece ser que de declararlas nada- lo que podría suponer un delito de apropiación indebida o societario.
Para muchos, los 15 millones de euros cargados a estas tarjetas no son más que una gota de agua en los 22.424 millones que nos ha costado a todos los españoles el rescate de la Caja y que ninguno de sus consejeros se hizo responsable de la gestión. Por eso llueve sobre mojado. La devolución de estos más de 15 millones aplacaría al menos un poco la indignación de los ciudadanos. Eso sí, solo un poco. Queremos también que se depuren responsabilidades.
Al final, serán los tribunales los que dictaminarán si existen responsabilidades penales en el uso de estas tarjetas, lo que nadie me negará es que todos estos directivos tienen una responsabilidad moral con la sociedad por el uso indebido de estas tarjetas. Desde luego es «inaceptable» desde un punto de vista ético.
