Afectados por hepatitis C denuncian ante el Supremo 39 casos graves sin recibir fármacos

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13/2/2015 00:00
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Actualizado: 13/2/2015 00:00
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La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha presentado hoy una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y su antecesora, Ana Mato, por 37 delitos de lesiones y 2 de homicidio de enfermos que no han recibido los nuevos fármacos.

«Venimos a pedir ayuda al Supremo, a pedir justicia. Lo hemos intentado a través de la presión y la denuncia, y también hemos tratado de hablar con un Gobierno que no nos ha querido atender en ningún momento (…). Tenemos la prescripción de nuestros médicos y no nos dan la medicación«, ha defendido Eva Martínez, responsable jurídica de la plataforma, tras registrar la denuncia ante el tribunal.

Desde esta Plataforma aseguran que el Ejecutivo «no ha dado respuesta» a los enfermos de hepatitis C y que la Agencia del Medicamento ha tenido un «funcionamiento irregular» en este asunto por lo que ha reiterado que las instituciones deben decir «qué está ocurriendo» porque el Gobierno no se lo ha querido «explicar».

Todos los casos incluidos en la querella cuentan con un informe pericial de un hepatólogo, y el 80 por ciento tenían prescritos desde hace 6 meses a un año algunos de los fármacos de última generación que ha aprobado el Ministerio contra esta enfermedad (simeprevir, sofosbuvir o daclatasvir). No obstante, algunos de ellos ya los han recibido, gracias a la presión mediática, según ha reconocido la portavoz.

En todos los casos, la plataforma entiende que los fármacos deberían haberse administrado desde el pasado 1 de enero de 2014 por la vía del uso compasivo, que permite el uso de medicamentos innovadores desde su aprobación por las autoridades sanitarias europeas aunque España no los haya incorporado a la financiación pública.

Con esta acción, la Plataforma apela a la «imparcialidad» del Supremo para que investigue por qué estos casos no han recibido los fármacos prescritos para combatir la enfermedad y «no parará» hasta que los 35.000 pacientes graves que estima que hay en España «lleguen hasta este tribunal».

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