Iñaki Gil San Sebastián, de 42 años, se quedó con 1.717.348 millones de euros de 82 comunidades de propietarios. Ha sido probado. Por ello ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Navarra a 7 años de prisión por los delitos de apropiación indebida continuada.
Apropiación indebida continuada, en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil. Al director general de Asfi, la empresa que administraba las comunidades de propietarios, también se le condena a una multa de 4.200 euros.
Sin embargo, el tribunal de la Sección Primera de la mencionada Audiencia Provincial, compuesto por los magistrados Esther Erice Martínez -presidenta-, Fermín Zubiri Oteiza y José Julián Huarte Lázaro, le absolvió de dos delitos continuados de apropiación indebida, de estafa continuada y del delito de corrupción entre particulares, así como del delito de falsedad en documento privado.
Aunque la sentencia no es firme, porque el condenado puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, el tribunal considera que la Mutua de Propietarios es responsable civil directo. Por ello, deberá responder de forma conjunta y solidaria con Gil del pago de 1.701.373 euros a los perjudicados.
Para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta al acusado, la sentencia recoge que se le computará todo el tiempo que se encuentra privado de libertad provisionalmente.
Por su parte, la Sección Primera condena a Esther Cebamanos como cooperadora necesaria de un delito de apropiación indebida continuado a 18 meses de prisión y multa de 9 meses con cuota diaria de 8 euros.
La Audiencia ha absuelto a A.E.S. del delito de apropiación indebida continuado y también a la entidad Caja Rural de Navarra de su declaración de responsable civil subsidiaria. Asimismo, se absuelve a G.Q. del delito de apropiación indebida y estafa y alternativamente de corrupció entre particulares.
El juicio comenzó el pasado 19 de enero y se prolongó hasta mitades de febrero, una vista oral por la que estaban citados 122 testigos y 6 peritos. Estaban personadas en la causa ocho acusaciones particulares.
El Ministerio fiscal reclamaba para Gil 8 años de prisión y para su entonces esposa 4 años y 6 meses, además de 3 años y 6 meses para una empleada y colaboradora del dueño y 4 años de prisión para el director de una sucursal de Caja Rural en Pamplona.
