Luz verde al Nuevo Código Penal que introduce la prisión permanente revisable
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde a la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable. Esta reforma ha salido adelante con los votos a favor del PP y Unión de Pueblo Navarro (UPN), la abstención del Foro Asturias y el rechazo de todos los demás grupos.
La nueva norma, que entrará en vigor el 1 de julio, aplicará la prisión permanente revisble a los delitos más graves, entre otros, los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, genocidio, crímenes de lesa humanidad con homicidio y asesinatos agravados cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable.
La prisión permanente prevé que las penas sean revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.
También un endurecimiento de penas para delitos relacionados con el terrorismo yihadista, fruto del pacto sellado el pasado 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Esta Ley orgánica modificará, además los artículos del Capítulo VII del vigente Código Penal sobre delitos terroristas e introducirá otros nuevos con el ánimo de adaptar la ley al terrorismo yihadista, comenzando por establecer una nueva definición sobre lo que es ser terrorista para lo que ya no será necesario una integración en grupo armado. De este modo se regula la figura de los denominados ‘lobos solitarios’.
En el capítulo de enaltecimiento la pena máxima pasa de dos a tres años, lo que abre la puerta a entrar en prisión incluso sin antecedentes, y se tiene en cuenta como agravante cuando estos mensajes de enaltecimiento y justificación se realicen por Internet o las redes sociales. Además el juez podrá acordar la destrucción y borrado de archivos informáticos o documentos o el acceso portales de Internet.
CORRUPCIÓN
En el apartado de corrupción se introduce el delito de financiación ilegal de los partidos para las personas que den o reciban donaciones ilegales. Se castigará con pena de multa las cantidades por debajo de los 500.000 euros y será delito las que lo superen.
Además, los condenados por estos delitos tendrán que devolver obligatoriamente el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional. Además, se aumentan las penas así como los plazos de prescripción y de inhabilitación para el cargo público.
Se permitirá también el comiso ampliado, en el que los bienes decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a por las que fue condenado.
OTROS PUNTOS DESTACADOS
La norma modifica la Ley del Indulto para que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparezca sobre estos expedientes cada seis meses. Asimismo, suprime el Libro III relativo a las faltas, para convertirlas en delitos leves o sanciones administrativas.
Por otra parte, se mantiene la idea de fijar el consentimiento sexual en 16 años y se aumenta la persecución del maltrato, abandono y explotación sexual de animales.
Asimismo, se tipifican nuevos delitos como el matrimonio forzado, el hostigamiento, la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada o la manipulación de los dispositivos de control que sirven para vigilar el cumplimiento de las penas. También se trasponen decisiones europeas sobre pornografía infantil, explotación sexual de menores, trata de seres humanos o inmigración ilegal.
Una vez pase el trámite del Congreso, el Código Penal se convertirá en el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura, ya que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha optado por presentar reformas menos ambiciosas para aligerar su tramitación en las cámaras, ante el poco margen que resta para las próximas elecciones generales. (CONFILEGAL/EP)
