Anticorrupción pide entre 2 y 19 años de cárcel para LA CÚPULA DE AFINSA
La Fiscalía Anticorrupción reclama penas de entre 2 y 19 años de prisión para los catorce miembros de la cúpula de Afinsa procesados por la estafa de la filatélica, con la que crearon un agujero cercano a los 2.000 millones que afectó a casi 200.000 ahorradores.
A los 14 acusados se les atribuyen los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Los fiscales Alejandro Luzón y Juan Pavía piden 19 años para el expresidente Juan Antonio Cano; 16 para el exconsejero Carlos de Figuereido; 15 para los ejecutivos y exmiembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín y 13 para Emilio Ballester por estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales.
Completan la relación de acusados Joaquín José Abajo (11 años),Francisco Guijarro (8 años), Gregory Manning (5 años), Esteban Pérez (4 años), Ramón Egurbide (4 años), Ramón Soler (3 años y un día), Francisco Blázquez (2 años y un día), Juan Domingo Brualla (2 años y medio) y Jordi Domingo (2 años y medio).
El juicio comenzará el próximo 19 de noviembre. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyó en octubre de 2014 la investigación contra los responsables de Afinsa, que pudieron ocasionar un perjuicio económico de 1.928 millones de euros a través de la puesta en marcha de un negocio «ruinoso» e «inviable» creado mediante «una operativa piramidal».
En su escrito provisional de acusación, Anticorrupción sostiene que Afinsa Bienes Tangibles desarrolló «un negocio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la formalización de unos contratos tipo de inversión en sellos que ofrecían el atractivo de unas rentabilidades superiores a los productos de inversión comercializados por las entidades financieras, basadas en una revalorización de la filatelia».
La Fiscalía sostiene que el negocio de Afinsa tenía «la apariencia empresarial de una actividad lícita» de compra de sellos por parte del particular, el depósito de los mismos a cargo de la empresa y un compromiso de recompra posterior.
«Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes», señala el escrito.
NO HABÍA REVALORIZACIÓN
Las nuevas aportaciones eran utilizadas para «pagar las desinversiones y rentabilidades» de los primeros clientes, «a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos».
Este mecanismo de financiación generaba «nuevos compromisos económicos y crecientes gastos de la sociedad», lo que provocó que, en mayo de 2006, fecha de la intervención judicial, Afinsa se encontrara en «una situación de absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compañía, que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio».
Por esas fechas la compañía tenía un creciente patrimonio neto negativo de 1.928.614.000 euros, con un pasivo derivado de los contratos de 2.574.343.530 euros (2.221 millones de euros de principal y 353 millones de euros de intereses). En la fecha de la intervención Afinsa tenía 190.022 clientes que eran titulares de 269.570 contratos filatélicos en vigor. (CONFILEGAL/EP)
