Victoria Ortega, Javier Lara, Pere Huguet y Marcos Camacho son los candidatos que, a día de hoy, compiten por ocupar la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en las elecciones que tendrán lugar el próximo 14 de enero.
83 son los votos en juego, un «auténtico colegio cardenalicio» de la Abogacía Española, compuesto por los decanos de todos esos colegios de abogados de toda España.
Una mayoría convertirá a uno de los cuatro candidatos –Victoria Ortega, secretaria general del CGAE, Javier Lara, vicepresidente del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Málaga, Pere Huguet, vicepresidente del CGAE, y Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez- en el sucesor de Carlos Carnicer, quien ha ocupado la Presidencia de la Abogacía Española durante los últimos 15 años.
El último en entrar en liza ha sido Pere Huguet, exdecano del Colegio de Reus, que el miércoles por la tarde, tras conocerse que Encarnación Orduna era la nueva decana de ese Colegio, confirmó a Confilegal su candidatura.
La irrupción de Huguet distorsiona lo que, hasta el momento, se prometía como una competición a dos, Victoria Ortega y Javier Lara, con un tercero, Marcos Camacho, como sorpresivo «caballo negro», una tercera vía con posibilidades, dependiendo de los escenarios que se puedan dar.
Victoria Ortega es la favorita y la sucesora natural de Carlos Carnicer quien, cuando el pasado 23 de octubre anunció -en el curso de un Pleno del CGAE- que no se presentaría a un cuarto mandato de cinco años, le dio su apoyo público y expreso.
Esta abogada cántabra fue elegida en 2011 secretaria general del CGAE, sustituyendo a Joaquín García-Romanillos; es la primera vez que una mujer ocupa esa posición.
Javier Lara, por su parte -presidente también de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE-, ha sido una de las voces críticas dentro de la Abogacía Española en los últimos cuatro años. Era un secreto a voces su interés por «cambiar las cosas».
La continuidad renovadora, representada por Ortega, frente al cambio tranquilo, estilo Lara, o el que auspicia Camacho.
La entrada de Huguet en el campo de juego viene a alterar todo, y a dividir votos, lo que podría afectar, sobre todo, a Ortega.
Porque los dos, por su trayectoria, han sido estrechos colaboradores de Carnicer, si bien se diferencian en la política tecnológica del CGAE, de gran importancia para el futuro de la Abogacía Española.
Huguet, desde su puesto de presidente de la Comisión de Estructuras, Programas y Aplicaciones del CGAE, ha impulsado de forma decidida la inversión de la institución en las nuevas tecnologías, en especial en la Red Abogacía, motor tecnológico del CGAE. Desde su punto de vista, es uno de los grandes retos a los que hay que hacer frente.
Ortega, por su parte, cree a ciegas que el impulso debe continuar pero que se necesita una cierta reflexión.
APOYOS
Cada uno de los candidatos parte con una base, más o menos clara, a día de hoy.
Huguet, el «distorsionador», puede contar, para empezar, con 19 apoyos: 12 votos de Cataluña, con 1 de Asturias, con 1 o 2 de Castilla-León, con 2 de la Comunidad Valenciana, con 1 de Galicia, y con 1 de Navarra.
Victoria Ortega, por su parte, podría salir con el apoyo de 20 votos de decanos: Cantabria, 2 votos de Cataluña, 9 de Castilla-León, 1 de Canarias, 1 de Extremadura, 3 de Andalucía, 1 de Navarra, y 2 de Galicia.
El siguiente contendiente, Javier Lara, tendría sus fuerzas de base en 17 decanos: 5 votos de Andalucía, 1 de Extremadura, 1 de Galicia, 2 del Pais Vasco, 1 de Navarra, 1 de Melilla, 3 de Galicia, 1 de Aragón, 1 de Valencia, 2 de Murcia.
Por último, Marcos Camacho, saldría con 3 o 4 apoyos de principio, todos en Andalucía.
El conjunto de todos los apoyos reseñados, supuestamente «seguros», suma 59 votos. Quedan por disputar, por lo tanto, los votos de 24 decanos, que pueden marcar la diferencia.
También puede darse la circunstancia -porque todavía es posible- que se presente un quinto candidato o que se retire algunos de los que están en liza, lo que afectaría, de forma directa, al equilibrio de fuerzas existente en este preciso momento.
El elegido tendrá que encarar, a cara de perro, la implantación de la futura Ley de Servicios Profesionales, aparcada en esta legislatura, que podría afectar a la supervivencia de muchos colegios, el conflicto con Competencia o la gestación de un nuevo turno de oficio con un baremo igual para todos los abogados, se encuentren donde se encuentren, de la geografía española.
