Andrés Herzog, líder de UPyD, solita 10 años de prisión para los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, así como para el «número dos» de este último, Ildefonso Sánchez Barcoj, por un delito de apropiación indebida, cometido por el uso de las visas «black», y otro de administración desleal por su emisión.
Como acusación popular, UPyD también solicita para los otros 63 imputados seis años de prisión por apropiación indebida, así como la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para la profesión bancaria por haber utilizado las visas opacas.
De acuerdo con esta formación política, Blesa y el director de medios de Bankia, Sánchez Barcoj, «desnaturalizaron» el sistema de emisión de tarjetas de representación ideado por el anterior presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, y lo «multiplicaron», administrando de forma «absolutamente fraudulenta el patrimonio de la entidad».
Bajo el mandato de Rato en Caja Madrid y en Bankia, la formación magenta dice que las tarjetas «no solo se mantuvieron, sino que llegado el cambio de dirección, se volvieron a emitir» en beneficio suyo y de otros tres miembros de su cúpula, José Manuel Sánchez Norniella, Sánchez Barcoj y Matías Amat.
Por ello, UPyD solicita las penas más altas para Blesa, Rato y Barcoj al haber «puesto en funcionamiento y mantenido este sistema corrupto de despatrimonialización de las entidades». Solicita además que sean inhabilitados para ejercer empleos o cargos públicos y la profesión bancaria.
UPyD ha explicado en un comunicado que mantiene los trámites de desistimiento de todas las causas judiciales en las que ha estado personada, algo que ya anunció tras las pasadas elecciones del 20 de diciembre al no contar con los medios económicos ni el respaldo de los ciudadanos en las urnas para seguir adelante con su lucha contra la corrupción.
No obstante, Herzog ha explicado que, «por responsabilidad», ha querido presentar este escrito de acusación «ante el riesgo de que muchos de los imputados puedan quedar impunes» por falta de acusación de la Fiscalía.
«Antes de desistir de la causa de las tarjetas black hemos querido intentar evitar que alguno de estos presuntos corruptos pueda salir indemne de sus delitos», ha añadido. EP.
