«La intención de Pablo Iglesias, en su litigio contra la Universidad Complutense, es llegar hasta el Tribunal Constitucional. Porque su situación es injusta. No puede haber diferencias de derechos entre los profesores titulares y los interinos, como Pablo Iglesias», afirmó José Manuel Calvente, abogado del líder de Podemos en este pleito contencioso-administrativo que mantiene contra la Universidad Complutense.
Calvente hizo estas declaraciones a la salida del juicio que tuvo lugar en la mañana de hoy en la sala de vistas de la planta segunda del Juzgado 18 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, con sede en la Gran Vía.
Iglesias no compareció, como suele ser habitual en casos como estos, porque se encontraba en una reunión parlamentarias. Su vacío quedó llenado, legalmente, con la presencia de su procurador.
«Lo que reivindicamos», explicó Calvente, «es que se reconozca que Pablo Iglesias podía pasar a servicios especiales [una situación similar a la excedencia pero que reconoce el tiempo pasado en otra ocupación oficial como tiempo efectivo de cumplimiento], como hubiera pasado con cualquier juez titular».
El letrado basa su estrategia sobre el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de los españoles y la no discriminación por cualquiera razón, en consonancia con el artículo 23, que proclama el derecho de los ciudadanos a participar en la cosa pública.
«El Tribunal Constitucional ha reconocido que no se puede dar un trato diferenciado. Porque si fuera así, el señor Iglesias, profesor interino de la Universidad Complutense, no podría presentarse a las elecciones por el peligro a perder su plaza», agregó.
Iglesias había ejercido como profesor interino en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, de Madrid, entre 2008 y 2014.
En septiembre de 2014 decidió presentarse, con Podemos, como candidato al Parlamento Europeo, por lo que tuvo que dejar su plaza de profesor interino en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
En su argumentación legal, el letrado Calvente citó dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 240/1999 y la 203/2000. Y la jurisprudencia europea, que ha suprimido las diferencias entre los funcionarios de carrera y los interinos. Son iguales en derechos y deberes.
«Por lo tanto, el señor Iglesias tiene derecho a los servicios especiales solicitados y esperamos que el tribunal nos de la razón», concluyó Climent.
La argumentación de la Universidad Complutense, representada por la letrada Isabel Martín, es que se puede admitir que los profesores interinos tengan los mismos derechos que los titulares, pero no en todos los casos.
La situación de Iglesias está sometida al Estatuto Básico del Empleado Público y más concretamente por el Estatuto del Personal Docente Investigador, que viene regido en el Real Decreto 898/85. El plazo máximo para sacar una plaza a concurso es de dos años. Durante ese tiempo puede ser ocupada por un interino.
En el caso de Iglesias, la plaza que ocupaba pertenecía a una profesora titular, la cual se reincorporó a su puesto el 1 de diciembre de 2014, pero pidió una baja que duró tres meses. Al término de la misma pidió un permiso sabático que llega a su fin el 1 de octubre de 2016.
En el caso de que González ocupe su plaza, la pretensión de Iglesias quedaría mermada. Porque los servicios especiales podrían carecer de base al no existir la plaza de interino de la que partió cuando decidió optar por la política.
El juez del Juzgado 17 de lo Contencioso-Administrativo tiene que decidir a quién da la razón. Si Iglesias o a la Universidad Complutense. Capítulo Primero de un culebrón que va a tener mucho recorrido.
