El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aceptado hoy la propuesta de reforma de la Constitución presentada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para apoyar su investidura, que incluye reducir el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial a la mitad, pasando de 20 a 10 miembros.
En los últimos meses, el partido de Albert Rivera ha ido cambiando su idea del órgano de gobierno de los jueces. Así, a principios de noviembre, Ciudadanos anunciaba que suprimirían el Consejo General del Poder Judicial, dejando sus funciones en las manos del presidente del Supremo, asistido por dos adjuntos y elegido para mandatos de seis años en el Congreso (mayoría de dos tercios).
Esta propuesta fue duramente criticada por todas las asociaciones de jueces calificaron la propuesta de «barbaridad» y «poco meditada». Por lo que el partido naranja la rectificó en su programa de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre.
En ese programa de la formación de Albert Rivera, matizaba la elección de los miembros del CGPJ: «Mientras no exista amplio consenso para acometer la reforma constitucional en el sentido propuesto, Ciudadanos procurará (…) reformar el sistema actual mediante una Ley orgánica (…) que establezca el nombramiento de los doce vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías (…) sin intervención del Congreso y el Senado».
Ahora, dan una vuelta de tuerca más, con la propuesta de reducir a la mitad el número de vocales del CGPJ y el PSOE decide apoyarles.
El propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que «Cuando hay voluntad de cambio, hay voluntad de acuerdo», ha dicho el líder del PSOE en rueda de prensa improvisada en el Congreso para responder a la oferta de reforma constitucional exprés lanzada esta mañana por Ciudadanos y que recoge su medida para el CGPJ.
Otras medidas pactadas por PSOE y Ciudadanos
Ambas formaciones políticas también se han comprometido a la eliminación de los aforamientos para diputados y senadores, la limitación de la Presidencia del Gobierno a dos legislaturas, la revisión del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para facilitar sus tramitación.
