El Banco de Santander gestiona casi siete millones de cuentas de consignaciones judiciales, en toda España. Como encargada de asuntos económicos de la Administración de Justicia –y entidad colaboradora del Ministerio de Justicia-, en 2015 movió más de 16.300 millones de euros.
Esta cifra comprende los ingresos por consignaciones y los pagos de mandamientos judiciales.
6.785.298. Ese es el número exacto de cuentas de consignación que, a lo largo del año pasado, tuvieron cerca de 10 millones de movimientos.
Estas cuentas son gestionadas diariamente por los letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) de todos los órganos judiciales a través de las aplicaciones del Santander.
Estos letrados son el único cuerpo nacional de funcionarios que depende directamente del Ministerio de Justicia, por lo que su función es esencial en el control y gestión de estas cuentas.
A través de la banca online, tanto particulares como empresas pueden hacer consignaciones judiciales las 24 horas del días 365 días al año.
Consignaciones que pueden ser fianzas, para eludir prisión o asegurar determinado tipo de responsabilidades, depósitos, para poder recurrir las resoluciones judiciales o pagar multas impuestas por las autoridades.
También comprenden aquellos depósitos necesarios para participar en subastas judiciales, o para pagar embargos judiciales o cantidades adeudadas que la otra parte se niega a recibir, entre otras.
La gestión económica de los asuntos judiciales desarrollada por Banco Santander en España se ha convertido en un referente de eficacia, tanto a nivel nacional e internacional como por el volumen de dicha gestión y los avances tecnológicos con los que ha contribuido esta entidad a la Administración de Justicia.
Todo ello está ayudando de manera decidida a lograr que el funcionamiento de la Justicia en España, en este campo específico, sea más efectiva y moderna.
La colaboración con el Ministerio de Justicia está teniendo efectos positivos en la transparencia, la gestión profesional de los fondos públicos, así como la incorporación de tecnológica de última generación.
En definitiva son los ciudadanos y las empresas los que se están beneficiando de esta mayor eficiencia en la Administración de Justicia dado que, en la mayoría de los asuntos judiciales, el interés de las partes se centra en pleitos con componente económico.
Todo ello se hace posible gracias a la tecnología desarrollada por Banco Santander para el Ministerio de Justicia y en la que se actualiza continuamente para estar a la última en cada momento.
Esta colaboración entre la institución pública y la privada se puede considerar un ejemplo de cómo gestionar de manera efectiva, moderna y segura un asunto tan relevante y sensible como es la gestión económica de la Administración de Justicia.
