Dos expresidentes, un exvicepresidente y un magistrado del Tribunal Constitucional, tres magistrados del Tribunal Supremo, un expresidente del Congreso de los Diputados, un exministro de Justicia, una expresidenta del Senado y un exfiscal del Estado refrendaron con su presencia el manifiesto que han suscrito 1.200 juristas de 20 países exigiendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, la puesta en libertad del líder opositor, Leopoldo López, y de todos los presos políticos venezolanos.
La presentación del Manifiesto tuvo lugar en el salón principal del madrileño Círculo de Bellas Artes, abarratado con más de 300 personas y la presencia, sobre el estrado, de los padres y la hermana del encarcelado, Leopoldo Ernesto López, Antoñeta Mendoza y Viana López.
«Sin libertad de expresión no hay pluralismo político, sin pluralismo político no hay democracia y sin democracia no hay estado de derecho», declaró Javier Cremades, de Cremades y Calvo Sotelo, despacho organizador del evento y abogado en España del líder opositor venezonalno.
«No hablamos de un preso de conciencia sino del preso de conciencia. Leopoldo López ha sido privado de su libertad por defender sus ideas. Y como él, otros muchos», añadió Cremades. «Recientemente, el fiscal del caso huyó a Estados Unidos y reveló que las pruebas que se utilizaron contra López fueron amañadas. Por ello el procedimiento, la sentencia, es nula. Es una pena, pero Venezuela es, hoy por hoy, un gran campo de refugiados».
UNANIMIDAD JURÍDICA
En la misma dirección -de atropello de derechos fundamentales, de nulidad del proceso-, se expresaron, en sus intervenciones respectivas, el expresidente del Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, el exvicepresidente de nuestro tribunal de garantías, Ramón Rodríguez Arribas, y el exmagistrado del mismo órgano, Rafael de Mendizábal, junto con Luis Martí Mingarro, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados.
La familia de Leopoldo López agradeció a los presentes su apoyo rotundo a la causa afirmando que el Manifiesto supone un nuevo hito en la lucha por la libertad de Leopoldo.
Los firmantes del Manifiesto -entre los que se encuentran los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar– se dirigen también a las instituciones venezolanas para que garanticen plenamente los principios democráticos, la transparencia y la libre concurrencia en los procesos electorales y el necesario pluralismo político. También solicitan que actúen decididamente para poner fin a las vulneraciones de los derechos humanos, restableciendo los principios del Estado de Derecho.
En el patio de butacas, mientras, seguían con mucho detenimiento el expresidente del Constitucional, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, los magistrados del Tribunal Supremo, Vicente Conde, Ramón Trillo y Víctor Fuentes, Fernando Álvarez de Miranda, expresidente del Congreso de los Diputados, Juan Ortíz Úrculo, exfiscal general del Estado, Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia, Esperanza Aguirre, expresidenta del Senado, José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid, y Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP.
ENCARCELADO DESDE FEBRERO DE 2014
Leopoldo López fue detenido en 18 de febrero de 2014 y acusado de incendio premeditado y conspiración por liderar una manifestación no autorizada en el Municipio Libertador de Caracas que terminó con 43 personas fallecidas (entre oficialistas, opositores y funcionaros de la Guardia Nacional Bolivariana) y un incendio.
La Fiscalía General de la República de Venezuela emitió una orden de arresto, acusándolo de «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir», con pruebas falsas y amañadas, como reveló después el fiscal del caso, exiliado ahora en Estados Unidos.
El 10 de septiembre de 2015 la justicia venezolana lo declaró culpable de incitación pública a la violencia a través de supuestos mensajes subliminales y condenó a Leopoldo López, en lo que fue un juicio político, a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión.
En octubre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de Leopoldo López y de todos los encarcelados por aquellas protestas.
