Un guardia civil del destacamento de tráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia) volverá a ser juzgado por sancionar a conductores fallecidos para, de esta forma quitar multas a su mujer, lo que la Dirección del Instituto Armado consideró una infracción grave merecedora de un año de suspensión de empleo por «abuso de atribuciones».
El Tribunal Supremo le ha dado la razón al cabo primero Luis Z.L. al entender que fue lesionado su derecho a un juez imparcial, ya que el Consejo Superior de la Guardia Civil que vio su caso estuvo integrado por un general de brigada que, posteriormente, también participó en el tribunal militar central que validó la sanción con fecha de 9 de julio de 2015.
Luis Z.L. evitó al menos en dos ocasiones multar a su mujer por exceso de velocidad imputando dichas sanciones a personas que habían fallecido en accidentes de tráfico recientes, lo que conllevaba el archivo de las denuncias.
El cabo de la Guardia Civil fue descubierto en una auditoría interna ya que accedió a las bases de datos de personas denunciadas, sin tener autorización para hacer estas consultas en días en los que estaba de baja por enfermedad o libre de servicio.
CAMBIO EN EL VOCAL DEL CONSEJO
El agente recurrió al Supremo al observar deficiencias en el Consejo de la Guardia Civil que terminó sancionándolo.
En concreto, se queja de no haber conocido la composición de dicho órgano y que en el mismo participó un general de brigada del Instituto Armado que, posteriormente, también formó parte del tribunal militar que validó la sanción.
«La imparcialidad judicial constituye un verdadero presupuesto de ejercicio de la función jurisdiccional para preservar los derechos reconocidos en el Convenio Europeo», recoge en su sentencia el Supremo, ordena que se repita el juicio con la designación de un nuevo vocal, en sustitución del general señalado por su parcialidad el recurso del cabo Luis Z.L.
