La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha advertido al Ministerio de Justicia de las «anomalías» detectadas por los diferentes actores de la Administración en el uso de LexNET, el sistema de notificación de telecomunicaciones de uso obligatorio desde el 1 de enero y con el que el departamento que dirige Rafael Catalá quiere implantar el ‘papel cero’.
Tanto en el balance del primer mes de uso como en la última conferencia sectorial celebrada el pasado 25 de febrero, Rafael Catalá ha repetido que quería huir de un análisis «triunfalista» pero ha defendido que el uso de LexNET es irreversible. No obstante, consciente de los problemas y de las saturaciones «puntuales», el ministro en funciones anunció 17 mejoras para que el sistema se perfeccione «cada día».
En dicha sectorial, los consejeros de Justicia se mostraron muchos de ellos reticentes por los problemas detectados en la implantación de este proyecto, calificando de «claramente insuficiente» los seis millones que, como el año anterior, se volverán a repartir entre las comunidades autónomas para la mejora de la Administración de Justicia.
Catalá reconoció que «en ocasiones» se producen colapsos en LexNET por el gran volumen de documentos -más de ocho millones de comunicaciones desde el 1 de enero, cuando entró en vigor– pero sostuvo que, en ningún caso, se producen retrasos en el cumplimiento de los plazos procesales, «más bien al contrario».
Aunque defienden el ‘papel cero’ como meta, las asociaciones de jueces también vienen denunciando que LexNET tiene carencias notables que no se están resolviendo por parte del Ministerio de Justicia. Tanto desde este sector como desde el Consejo General de la Abogacía Española, por boca de su presidenta Victoria Ortega, han abierto la puerta a una moratoria, señalando la «inseguridad» jurídica creada por el uso de este sistema.
Otros actores como el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, han rechazado esta moratoria. «Hay que seguir adelante con el proyecto y tener comprensión y colaboración entre todos, entre jueces, secretarios, abogados y procuradores, para que cuando el sistema tenga un fallo, espero que cada vez menos, se pueda subsanar», señaló en una entrevista a Europa Press el 21 de febrero.
MADRIGAL: «CONSTANTES CAÍDAS»
En su escrito, adelantado por el diario ‘El País’, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se suma a quienes subrayan la «excesiva lentitud» de LexNET y sus «constantes caídas», con otros problemas detectados tales como la reiterativa petición de usuario y contraseña o las «pérdidas temporales de notificaciones recibidas».
«Los avisos de rechazos de escritos de trámite dos días después de su remisión, la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida y la imposibilidad de haberse familiarizado con el sistema» son otras de las carencias remitidas por Madrigal al ministro Rafael Catalá.
Madrigal recopiló estos problemas en un documento de evolución periódica de LexNET que elabora la Fiscalía General del Estado, enmarcado en el trabajo conjunto sobre esta materia con el Ministerio de Justicia.
EL MINISTERIO NO HA RECIBIDO NINGUNA COMUNICACIÓN DE LA FISCALIA
El Ministerio de Justicia no ha recibido ninguna advertencia de la Fiscalía General del Estado sobre anomalías detectada por los diferentes actores de la Administración en el uso de LexNET, el sistema de notificación de telecomunicaciones de uso obligatorio desde el 1 de enero y con el que se quiere implantar el ‘papel cero en la Justicia, señalaron a Europa Press en fuentes del ministerio.
Por su parte, la Fiscalía ha señalado en un comunicado que lo que existe es un informe de seguimiento, que incluye «el por menor de las incidencias observadas, que se refiere exclusivamente a la evolución diaria de la implantación de Lexnet en las Fiscalías, pero que no cuestiona en su conjunto el sistema electrónico de comunicaciones judiciales, que se considera «imprescindible» para garantizar la modernización y eficacia De la Administración de Justicia. (EP)
