La Abogacía española expresa su absoluto rechazo al preacuerdo que hoy se ha hecho público por parte de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE de “retornar a todos los nuevos inmigrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas, haciéndose cargo la UE de los costes”, porque supone supone una «vulneración radical y manifiesta del derecho internacional«.
A través de un comunicado la Abogacía española sostiene que «aplicar esta medida indiscriminadamente a “todos”, sin diferenciar y procurar refugio a los potenciales solicitantes de asilo, vulnera el derecho internacional y europeo que obliga a todos los países de la Unión y la Unión misma.
La Abogacía Española alerta de que la medida tiraría abajo «todo el bagaje jurídico» contenido en la Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales.
Las leyes citadas obligan a una admisión ordenada, digna, estudiada y personalizada de cada solicitud de protección internacional como las que los seres humanos que están llamando a las puertas de la UE plantean. Esto es perfectamente posible en una Europa de más de 500 millones de personas, en la que la admisión de personas refugiadas, por importante que sea su número, no es sino una pequeña contribución a la propia identidad solidaria de la Unión.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, ha expresado su «profunda preocupación» por un pacto que apunta al retorno sistemático de inmigrantes a Turquía, poniendo en duda el respeto del derecho internacional que asiste a las personas que necesitan protección.
Desde la Abogacía inciden en ese mismo sentido y subrayan que «cualquier medida de expulsión colectiva está radicalmente prohibida por el Sistema internacional y europeo de Derechos Humanos».
Por ello reivindican que «el Estado de Derecho, que define a la Unión Europea, significa que el Derecho deber servir de límite y control a la actuación política, que no todo vale para alcanzar los fines inmediatos de ésta, que incluso las conveniencias políticas más acreditadas deben cumplir estricta y rigurosamente con la ley».
Y por ello, «la Abogacía Española hace un llamamiento a todo el mundo del Derecho, a todos los actores jurídicos, a manifestar su más radical repulsa a semejante ataque al Sistema Internacional de los Derechos Humanos«.
