La conselleria de Transparencia de la Comunidad Valenciana ha enviado una carta a los 542 ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales de la región pidiendo que colaboren para retirar las placas conmemorativas, inaugurales u honoríficas en las que figure el nombre de personas condenadas por corrupción.
Al respecto, el conseller Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha indicado que la retirada en los edificios públicos de las placas donde figuran personas condenadas por corrupción tiene «un contenido simbólico fundamental para la regeneración democrática».
Alcaraz ha explicado que estas cartas responden a la resolución 36/IX aprobada por Les Corts, que «viene a mostrar la indignación y la preocupación evidente por los casos de corrupción que han azotado la Comunitat, que ahora están aflorando y afectan mayoritariamente al Partido Popular«.
«Era necesario buscar una fórmula objetiva y la consensuada ha sido que haya una condena firme», ha dicho, «porque parece obvio que no deben permanecer placas en hospitales, centros deportivos o instalaciones públicas del tipo que sea que conmemoran la apertura o la primera piedra por parte de dirigentes que hoy sabemos que son corruptos«.
La resolución 36/IX fue aprobada el pasado 15 de octubre por Les Corts, instando al Consell a retirar con carácter inmediato las placas donde figure el nombre de personas que hayan ostentado cargos públicos y hayan sido condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o por delitos contra la administración.
Asimismo, pide retirar toda distinción o elemento de homenaje y consideración pública que les haya sido concedido en razón de un cargo y se encuentre expuesto en espacios públicos dependientes de la Generalitat o financiados con cargo a fondos derivados de esta, según las mismas fuentes.
En la misma resolución, Les Corts instan al Consell a elaborar una declaración formal y pública de reprobación y repulsa de todos los políticos de la Comunitat Valenciana que han resultado o resulten condenados por delitos de corrupción y, ese sentido, el Gobierno valenciano lo hizo mediante un acuerdo aprobado el pasado 18 de diciembre de 2015.
