La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de súplica presentado por el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas contra la decisión del juez José de la Mata de denegarle acceder a 10.000 euros mensuales de sus cuentas para poder cubrir los gastos de sus abogados en los 16 pleitos que mantiene, la mayoría de ellos contra la formación o alguno de sus dirigentes, abiertos en los tribunales.
En un auto hecho público este miércoles, los magistrados de la Sección Segunda Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada aseguran que tolerar a Bárcenas acceder a este dinero podría contribuir a «dar entrada en el circuito lícito a cantidades de procedencia ilícita».
Los jueces insisten en que la razón fundamental para rechazar la pretensión del extesorero ‘popular’ es el presunto origen irregular de sus fondos y destacan que, en el auto de juicio oral dictado contra el extesorero ‘popular’ por su vinculación con la trama Gürtel se le reclaman responsabilidades que ascienden a casi 89 millones de euros cuando sólo se le han embargado bienes por valor de 3,3 millones.
«Si ni siquiera ha sido posible encontrar bienes para declararle solvente por la totalidad de sus responsabilidades no cabe detraer de ellos cantidad alguna para otros usos», indican, a la vez que destacan que no procede dar otro destino al patrimonio embargado de Bárcenas que aplicarlo al procedimiento abierto.
CAUSAS EN LOS TRIBUNALES
Bárcenas presentó hace unas semanas un escrito en el que detallaba todos los procedimientos abiertos en los tribunales y que –según explicaba– «se derivan de una u otra forma» de la causa en la que se investiga la trama Gürtel y que define como «distintos y muy plurales».
En concreto, afirmaba que su equipo de abogados asume su defensa en las causas relacionadas con la destrucción de los ordenadores que empleaba durante su etapa en el PP y por su despido de la formación, en los Juzgados de Instrucción de Madrid.
También está inmerso, entre otros, en un procedimiento en Cádiz tras la demanda presentada por la exalcaldesa Teófila Martínez y en tres como demandante y recurrente contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Fue, además, demandado por la exministra ‘popular’ Ana Palacio y se querelló contra el vicesecretario Javier Maroto y Concepción Gamarra, alcaldesa de Logroño.
El escrito apuntaba que se trata de procedimientos en los que no conviene «dividir o fragmentar las defensas» y defiende la necesidad de contar «con un abogado de plena confianza y de libre elección».
Hizo referencia a que, en otros casos complejos, como ‘Malaya‘, se accedió al desbloqueo de fondos para abonar los honorarios de los letrados y añade que no tendría derecho a acceder a un abogado de oficio y el resto de prestaciones de la justicia gratuita «al contar con bienes suficientes».
Por todo ello, reclamaba el desbloqueo de sus cuentas a los efectos de poder asumir la defensa y representación en condiciones de plenitud, y evitar «de un lado que el procedimiento sea inasumible por la defensa y por otro que el acusado se vea forzado» a recurrir a un abogado de oficio. (EP)
