El juez Salvador Alba, que sustituye a la actual diputada de Podemos Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando amparo al ver afectada su independencia por determinadas informaciones publicadas por el diario Canarias Ahora.
Según Europapress, que cita al órgano de gobierno de los jueces, «se da la circunstancia de que dicho medio de comunicación está vinculado a Carlos Sosa, pareja de Rosell, si bien no ha trascendido el contenido concreto de la citada petición al Consejo. El asunto será estudiado en una próxima reunión de la Comisión Permanente de este órgano.
La concesión de amparo a un juez está regulada en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que «los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial».
En este sentido, el artículo 319 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial señala que «se considerarán, entre otras, actuaciones inquietantes o perturbadoras» las declaraciones o manifestaciones hechas en público y recogidas en medios de comunicación que «objetivamente supongan un ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución del juez» en cuestión .
El pasado 12 de febrero el promotor de la Acción Disciplinaria CGPJ archivó unas diligencias abiertas después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas denunciara que Rosell podría haber incurrido en una falta disciplinaria por retardar su actuación en una causa abierta por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Las pesquisas se iniciaron por la Fiscalía tras conocer que Ramírez había firmado un contrato con Sosa para la cesión de la frecuencia de una emisora de radio por 300.000 euros.
QUERELLA EN EL SUPREMO
Además, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si admite o no a trámite una querella presentada por el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, contra la juez en excedencia Rosell por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.
Los tres últimos delitos se los atribuye el ministro a Rosell por presuntamente favorecer al empresario Ramírez mientras negociaba la decisión de la emisora antes citada. La Fiscalía considera que el ministro en funciones carece de legitimación para acusar en relación con estos hechos y ha solicitado el archivo de la querella. (EP)
