La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha estimado la petición del etarra Aitor Elizarán y ha acordado levantar el procesamiento que pesaba sobre él por un delito de lesa humanidad cometido en el asesinato de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá el 30 de julio de 2009 en el cuartel de Palmanova, al entender que los informes policiales no han acreditado que sea un «componente de la junta directiva etarra».
En un auto la magistrada asume «íntegramente» los argumentos de la Fiscalía y asegura que «no se aprecian indicios racionales de criminalidad» contra Elizarán en virtud de los informes policiales, que «en ningún momento» le mencionan como «componente de la junta directiva etarra».
«Cuando se hace una depuración de aquellos que han ejercido responsabilidad política en ETA, no se menciona al tantas veces citado Elizarán», señala la instructora, que recuerda que ya cumplió ocho años de cárcel en Francia por pertenencia a organización terrorista, por lo que no se le puede atribuir nuevamente este delito.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 esgrime que los informes aportados por las Fuerzas de Seguridad se hace una «mención genérica y no concluyente» de la posible integración de Elizarán en la cúpula de ETA, «no especificando cuáles serían las estrictas y concretas funciones que el mismo habría llevado a cabo para la realización del delito de terrorismo que sirve de base a su procesamiento por lesa humanidad».
Lamela pone de relieve que los informes no precisan cuál fue la intervención del recurrente en los hechos y que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional «hace una mención solamente alfabética de Elizarán como presunto integrante del aparato político», sin aportar elementos concretos que fundamenten esta conclusión ni tampoco la de que diera la orden de atentar contra los últimos guardias civiles asesinados por ETA.
La magistrada expone también que la Guardia Civil ha ofrecido una amplia explicación de la dirección etarra en el periodo 2008-2010, en la que «en ningún momento» menciona a Elizarán como dirigente de la organización. Tan solo en un folio se le menciona como miembro del aparato político, aunque sin concretar que tuviera labores de responsabilidad en el mismo.
Por otra parte, Lamela ha rechazado la petición de Consuelo Ordóñez de personarse en la causa al entender que carece de legitimidad para actuar como acusación particular, así como la comparecencia de Elizarán solicitada por los padres de los agentes, José Antonio Sáez Tejada y Antonio Salvá.
DETENIDO EN LA ÉPOCA DE RUBALCABA COMO JEFE DE ETA
Elizarán fue procesado en octubre por el antecesor de Lamela, Juan Pablo González, junto a otros cuatro antiguos jefes de ETA por lesa humanidad. Su sucesora en el Juzgado Central de Instrucción número 3 desgajó en diciembre la causa ante la ausencia de «nexos de conexidad» entre los distintos atentados investigados.
En concreto, a Aitor Elizarán se le procesó por lesa humanidad por su participación en cinco atentados. En concreto, los cometidos contra el brigada del Ejército de Tierra Luis Conde, el empresario Ignacio Uria, el inspector de Policía Nacional Eduardo Puelles y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.
El Ministerio del Interior, entonces presidido por Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró a Elizarán el máximo responsable político de ETA cuando fue detenido, junto a su compañera Ohiane San Vicente, en Carnac (Bretaña francesa) en octubre de 2009. Y era supuestamente miembro del comité ejecutivo de ETA y el encargado de transmitir las instrucciones de la organización terrorista a la ‘izquierda abertzale’. Un punto que la magistrada Lamela no ha visto probado. EP.
