El Tribunal Supremo abre procedimiento contra el exconseller de la Presidencia y portavoz del gobierno de Cataluña, Francesc Homs, por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la consulta del 9N.
La Sala hace suyo el criterio del fiscal y considera que existen indicios para investigar la conducta del aforado en los actos de preparación de la votación convocada para el 9-N. En línea con el fiscal, la Sala rechaza la pretensión del juez instructor de la querella, que envió toda la causa al Tribunal Supremo.
Basándose en su propia doctrina, los magistrados del Supremo acuerdan acotar su investigación al aforado y que el resto se mantenga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se nombra magistrado instructor a Andrés Palomo.
La resolución se conocerá en los próximos días.
CARTA DE HOMS
Homs, miembro de la Diputación Permanente del Congreso, tuvo para la Fiscalía un papel de indudable relevancia en la preparación de la convocatoria. Esta acusación se basa en la existencia de una carta en la que exconseller de Presidencia responde a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones y que había solicitado a la Generalitat la confirmación de que sus servicios no vulneraban la suspensión del TC.
En esta misiva, Homs no sólo legitima la continuación de los servicios sino que «contiene la implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista» ya que pone a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra dicha empresa.
En su respuesta a la empresa, Homs asegura que no se vulneraba la suspensión del Constitucional y que se habían hecho consultas a los Servicios Jurídicos de la Generalitat y a otros «expertos en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional».
El Supremo recibió la exposición razonada del TSJC respecto de Homs el pasado 21 de marzo y designó ponente de la resolución a adoptar sobre la asunción del caso al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, conforme al turno establecido.
No obstante, el alto tribunal acordó la devolución inmediata de las diligencias originales de la causa al TSJ catalán, ya que, hasta que se resuelva sobre el contenido de la exposición, el competente sobre la misma sigue siendo el del tribunal de Cataluña.
Igualmente recordaba al TSJC que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 231.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda la documentación que se envíe debe llegar traducida al castellano.
El juez que instruye la causa en el TSJC, Joan Manel Abril, había remitido toda la causa al Supremo al considerar inseparable la investigación a Homs de la que se sigue contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
El 7 de marzo, Homs declaró de forma voluntaria ante el TSJC, donde sostuvo que la causa por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 era una causa política: «Cuanto más alta sea la pena que nos pidan, más grande será la victoria», dijo entonces.
