El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para decidir sobre una querella presentada por diversas asociaciones vinculadas a las Marchas de la Dignidad que se celebraron en 2014 en su etapa en la Delegación de Gobierno.
Tal y como adelanta el periódico ‘El Mundo’, esta misiva responde a la querella interpuesta contra ella por diversas asociaciones derivada de los disturbios que tuvieron lugar el 22 de marzo de 2014 durante las conocidas como Marchas de la Dignidad, que se saldaron con más de un centenar de heridos, 67 de ellos policías y 29 detenidos.
En aquella época Cristina Cifuentes era Delegada del Gobierno en Madrid.
La querella contra Cifuentes e Ignacio Cosidó, director general de la Policía, se presentó a principios de 2015 y a partir de entonces, el juzgado se dirigió a cada una de las asociaciones querellantes para requerirles que depositaran 4.000 euros de fianza.
Desde entonces, las asociaciones han presentado hasta dos recursos de reforma (sobre el propio órgano judicial) y dos recursos de apelación (ante la Audiencia Provincial) contra el auto de fianza.
Una vez resueltos todos los recursos, y después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmase la resolución del Juzgado que establecía la fianza en 4.000 euros, sólo una de las asociaciones la ha presentado.
El magistrado solicita ahora el documento a la Asamblea de Madrid, antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella dado que, según el artículo 25 del Estatuto de la Comunidad de Madrid, Cifuentes en su condición de presidenta de la Comunidad es aforada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Por su parte, las organizaciones han realizado un proceso de ‘crowfounding‘ en su página web donde piden colaboración, por lo que consideran una «exagerada cantidad por intentar promover la justicia».
