Un error de la maquinaria judicial puso sobre aviso, con cuatro días de antelación, del registro que se iba a llevar a cabo en las empresas de publicidad Media Sapiens Spain S.L., Media by Design Spain, S.A., Carat España S.A.U., Persuade Comunicación, S.A., y Optimedia S.L.U.
La solicitud había sido realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside José María Marín Quemada, la cual está llevando a cabo una investigación para determinar si pactaron precios en sus acuerdos con la Administración.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el error se produjo cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Madrid emitió un auto, una «medida cautelarísima», como es la autorización de entrada en las empresas citadas.
En el mismo, el juez Jesús Torres establecía que tal diligencia la llevara a cabo el Servicio Común de Notificaciones que tienen en la calle Gran Vía, en el centro de Madrid.
Debido a que las direcciones de las citadas compañías se encontraban en un área de la ciudad que controlaba el Servicio de Notificaciones de los Juzgados de Plaza de Castilla, al norte del área metropolitana, se remitió hasta el auto allí, el 19 de mayo pasado.
Era un auto de «autorización judicial de entrada inaudita parte», es decir, sin informar a la otra parte, en este caso, a las empresas investigadas. La sorpresa debía ser total para poder acceder a los discos duros y las comunicaciones telemáticas.
«Desde este Servicio de Notificaciones debía informarse a la CNMC, como parte demandante, y crear la llamada ‘Comisión Judicial’, compuesta por un secretario judicial o un oficial que levante acta de la entrada en las empresas en ese día», explican las mismas fuentes judiciales consultadas.
Pero no ocurrió así. En vez de eso. El 20 de mayo ese Servicio de Notificaciones entregó el auto a las empresas, que se quedaron perplejas por «el aviso» de que iban a ser registradas cuatro días más tarde, el 24 de mayo, en busca de la documentación que pudiera probar que podrían haber pactado precios en concursos publicitarios por 77 millones de euros con la Administración del Estado.
Según ha podido saber Confilegal, lo normal es que, al ser la CNMC un órgano de la Administración, se entregara el mandamiento judicial en mano al abogado el mismo día que se solicitara para los días posteriores.
También la CNMC podría haber realizado la inspección sin autorización judicial, por la ley se lo permite, pero podría verse con la negativa de las empresas.
Al ser un caso tan importante, decidieron hacerlo de acuerdo con las garantías más estrictas.
AVISADOS
Cuando los hombres de la CNMC llegaron a las compañías citadas, con la Comisión Judicial, se encontraron con todas «las facilidades».
El conocimiento del error ha creado una gran irritación en Gran Vía.
No debía haber sucedido.
Carat, Media by Design, Media Sapiens, Optimedia y Persuade Comunicación optaron al contrato que la CNMC está investigando porque fueron las cinco agencias adjudicatarias del Acuerdo Marco para la adopción de tipo del servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, destinados a la materialización de las campañas de publicidad institucional.
Fue un concurso que se enmarcó entre las acciones de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA), nacido en 2012 para racionalizar estructuras, procedimientos y recursos en la Administración.
Las cinco firmas son las responsables, en la actualidad, de comprar espacios en televisión, medios gráficos, radio, Internet, exterior y cine para difundir las campañas de publicidad institucional de la Administración General del Estado.
