Diecisiete años. Entre diciembre de 1996 hasta enero de 2014, los principales fabricantes de absorbentes para la incontinencia de orina para adultos se pusieron de acuerdo –formando un cártel– para fijar precios en España. Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su resolución de 26 de mayo de 2016, en la que impuso multas que ascendieron a 128,8 millones de euros.
Ahora, una década después de aquella sanción, el Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea (SNS-O) h ha interpuesto una demanda de juicio ordinario en reclamación de los daños y perjuicios causados por el cártel.
Su pretensión es recuperar lo que, a su juicio, pagó de más por un producto de primera necesidad para miles de pacientes, en su mayoría personas mayores y dependientes.
¿Cuánto? Veinticinco millones de euros. Esa es la cifra que arroja el informe pericial que el SNS-O encargó a una consultora especializada, cuyo nombre no ha trascendido.
Navarra no es la primera administración sanitaria que reclama por el cártel. El Servicio Catalán de la Salud acudió a los tribunales con una reclamación de 526 millones de euros, conocida en febrero de 2023.
En Euskadi, la sanidad pública anunció en marzo de 2025 el paso a la vía judicial para exigir otros 220 millones, después de reclamar extrajudicialmente a las compañías.
Por su parte, Extremadura, Aragón y Galicia están preparando sus propias acciones, según la información difundida con motivo de la demanda navarra.
El cártel estuvo integrado por Arbora & Ausonia —sucedida por Procter & Gamble España—, SCA Hygiene Products —actual Essity—, Laboratorios Indas, Laboratorios Hartmann, Ontex, Barna Import Medica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages.
En los acuerdos también participó la patronal Fenin. La CNMC sancionó a los ocho fabricantes y a la asociación empresarial, aunque Arbora & Ausonia y su sucesora, Procter & Gamble España, quedaron exentas del pago de la multa –68,5 millones de euros– al acogerse al programa de clemencia y revelar los acuerdos.
El punto de partida: una infracción ya firme
La acción del Servicio Navarro de Salud–Osasunbidea descansa sobre la mencionada Resolución de la CNMC de 26 de mayo de 2016, dictada en el expediente S/DC/0504/14 (AIO).
El regulador declaró la existencia de una infracción única y continuada constitutiva de cártel, prolongada desde diciembre de 1996 hasta enero de 2014. Y la propia resolución mencionaba de forma expresa a Navarra entre los territorios afectados.
Es un dato relevante. En las acciones de seguimiento —las conocidas como follow-on—, el demandante no necesita probar la existencia de la infracción, ya declarada por la autoridad de competencia y confirmada en vía judicial.
Lo que debe acreditar es el daño concreto, su cuantía y la relación de causalidad.
Según la demanda, el cártel encareció el aprovisionamiento por dos vías complementarias.
Por un lado, la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia.
Por otro, una estrategia dirigida a impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que habría privado a la sanidad navarra del ahorro asociado a esa forma de adquisición.
El negocio mueve importantes recursos públicos: una información sectorial publicada por Alimarket en 2017 situaba en unos 336 millones de euros anuales el gasto del Sistema Nacional de Salud en la financiación de artículos de incontinencia. Se trata de una referencia histórica de gasto público, no de una estimación actual de la facturación total del mercado español.
La firma ESKARIAM es la responsable de la demanda
El director gerente del SNS-O, Jon Guajardo Remacha, ha justificado la decisión en la especial exposición de las administraciones sanitarias: “Cuando a esa necesidad y, en ocasiones, a la urgencia, se suman prácticas ilícitas que distorsionan la competencia, las administraciones sanitarias, y entre ellas el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, quedan en una situación de especial vulnerabilidad”.
Las cantidades que se recuperen, ha añadido, revertirán en el sistema sanitario de la Comunidad Foral.
La dirección letrada corre a cargo de ESKARIAM, despacho especializado en derecho de la competencia, que ha preparado la demanda, coordinado el informe pericial y asumirá la defensa durante el procedimiento.
Su consejero delegado, David Fernández, lo resume así: “Nuestro objetivo es claro: que se resarza íntegramente al Servicio Navarro de Salud por los sobrecostes que indebidamente le fueron impuestos”.
Lo que queda por delante
El procedimiento se encuentra en su fase inicial. Las empresas demandadas no han fijado públicamente su posición.
Previsiblemente, el debate girará sobre la cuantificación del sobrecoste y sobre el régimen jurídico aplicable a unos hechos que, en su mayor parte, son anteriores a la transposición de la Directiva de daños (2014/104/UE) al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 9/2017.
Una cuestión, la de la aplicación temporal de esas normas, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se pronunció en el caso Volvo y DAF Trucks.
Será el juzgado quien diga si los 25 millones se sostienen.
