Los fiscales aseguran que cumplirán con el plazo para revisar las causas penales que finaliza este lunes, pese a la polémica generada en las últimas semanas que les ha forzado a una tramitación «acelerada» y «caótica», una visión que no comparten ni el Ministerio de Justicia ni los letrados de la Administración de Justicia.
Hoy, seis meses después de la entrada en vigor el mandato legal del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se cumple el plazo para revisar las causas pendientes en los juzgados a efectos de declararlas más o menos complejas para pedir o no la ampliación del plazo de su instrucción.
Un mandato no exento de polémica y que ha ocasionado un duro enfrentamiento entre los distintos operadores implicados.
Desde la Unión Profesional de Fiscales, que este estos días ha celebrado su XXXI Congreso, ha emitido unas conclusiones en las que sostienen que «la reforma del artículo 324 de la LECrim es el mejor ejemplo de algunos de los despropósitos legislativos del actual Gobierno en relación con la justicia».
Aseguran también que se trata de una reforma «Mal concebida, mal redactada y mal interpretada, la entrada en vigor de sus consecuencias está ocasionando importantes desajustes en los profesionales de la justicia y provocando indeseados enfrentamientos entre los letrados de la Administración de Justicia, los jueces de instrucción y los fiscales, en buena parte consecuencia del desafortunado planteamiento asumido por la Circular de la Fiscalía General del Estado».
En esto meses la carrera fiscal ha tenido que revisar 539.543 procedimientos penales, sin embargo, desde Justicia asegura que son 360.000, basándose en cifras del Consejo General del Poder Judicial.
En estos meses ha habido duras críticas entre los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia -antes llamados secretarios judiciales, pero también ha habido un agrio enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio, cuyas posturas han chocado desde el inicio del proceso.
La tensión entre el Ministerio y la Fiscalía, alcanzó su punto más álgido cuando hace unas semanas cuando el Consejo Fiscal, órgano que preside la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, admitió por unanimidad que era «imposible» cumplir con el plazo legal para la revisión de causas penales y solicitó que se adoptaran «medidas adecuadas para corregir esta situación».
La reacción del Ministerio no se hizo esperar y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, llamó a consultas a Madrigal para celebrar una reunión y lanzar el mensaje de que se iba a cumplir «sobradamente» el plazo.
Fuentes fiscales sostienen que se va a cumplir con el plazo pero «a un precio muy alto» porque la revisión se ha logrado de «forma acelerada, caótica y precipitada» sin argumentar ni justificar el fallo. «Había que salvar el proceso y daba igual cómo», añaden.
Aseguran que intentarán controlar «las causas importantes», aunque avisan que no están en «condiciones de asegurar ese control exigido» porque no cuentan con «los procedimientos informáticos actuales, ni con los medios adecuados».
Esto, en parte, responde al oficio dictado el pasado 31 de mayo por la Fiscalía General del Estado, de obligado cumplimiento y dirigido a todas las fiscalías, en el que autorizaba la emisión de «dictámenes uniformes» para calificar las causas penales, es decir, informes genéricos, ya que el número de asuntos pendientes «impide su análisis pormenorizado».
Lo hizo al comprobar que los Letrados de la Administración de Justicia -nueva denominación de los secretarios judiciales- estaban mandando en los últimos días una infinidad de causas que no constaban en las fiscalías.
Incluso la propia fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, recriminó a este colectivo su falta de colaboración. Y recordó que el traslado de las causas al fiscal ha dependido solo de la buena disposición, las relaciones o del entendimiento que el personal de los juzgados haga del tenor de la ley y por eso reclamó una instrucción con pautas claras de la Secretaría General del Ministerio de Justicia.
Estas declaraciones de Madrigal ocasionaron que el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresistas de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y SISEJ pidieran su dimisión si no rectificaba sus declaraciones en las que implicaba a este colectivo profesional en el “fracaso” de la revisión de los procedimientos penales.
Estas asociaciones también aseguraron que “los letrados de la Administración de Justicia han colaborado con la Fiscalía en los términos de dicho artículo -en referencia al citado artículo 324 de la Lecrim– y de la instrucción que en su momento les dirigió el secretario general”.
