El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa declara este jueves como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa que investiga extorsiones y amenazas presuntamente cometidas por Ausbanc y Manos Limpias.
En esta ocasión, Miguel Blesa comparece como uno de los afectados por la trama que desplegó presiones contra los máximos dirigentes de la caja madrileña después de que ésta eliminara, en 1997, los convenios de publicidad que mantenía suscritos con la asociación dirigida por Luis Pineda.
El presidente de Caja Madrid testificará después de que el que fuera su director de Comunicación Juan Astorqui aclarara este miércoles ante el magistrado el «maltrato» sufrido por parte de Ausbanc y Pineda, a partir de su negativa a «pagar ni un duro» a la asociación de consumidores investigada.
Blesa también abordará, previsiblemente, su enfrentamiento judicial con Manos Limpias que le llevó a la cárcel en la causa investigada por un Juzgado de Madrid por la compra del Banco de Florida.
Además, acudirán a declarar como testigos los directivos de Catalunya Banc Joan Rafols Llach y Ramón Luis García Torre.
El instructor investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas «cuanto menos intimidatorias» contra las entidades financieras para que le pagasen «cuantiosas» aportaciones económicas — encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas– a cambio de no dirigir contra ellas «campañas de desprestigio» o acciones judiciales.
Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran «meros convidados de piedra» y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una «asociación de consumidores potente y poder acceder» a las ayudas públicas.
Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua.
En la causa, se han personado como perjudicados el BBVA y el portavoz de la asociación de consumidores, Rubén Sánchez, que denunció una «campaña de difamación» por parte de Pineda, quien llegó a pagar para que empapelaran las calles de varias ciudades con su rostro y el texto «se busca».
Pedraz considera a Pineda responsable de delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
